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El 85% de la Administración General del Estado ya está adaptada al 'efecto 2000'

Aviación comercial, transporte y sanidad autonómica son los sectores menos preparados

A cuatro meses del gran día D de la informática, el Gobierno español está satisfecho con los cambios que ha realizado la Administración General del Estado para minimizar los problemas que pueda originar el efecto 2000 -y que le han costado 30.000 millones de pesetas-, pero muestra ciertas reticencias todavía con la adaptación de algunos sectores, como el transporte o la aviación comercial. El 85% de los ordenadores del Estado ya han sido convertidos al nuevo sistema, que impedirá que confundan el 1 de enero del año 2000 con el mismo día, pero de 1900.

El Gobierno anunció el pasado viernes, además, la creación de una Oficina de Transición para el Efecto 2000, que coordinará toda la información relativa al denominado error del milenio, tanto de los organismos públicos como de los privados, especialmente los sectores más sensibles para los consumidores, como la banca, los centros de sanidad privada y el sistema de transporte.La nueva oficina, que no tiene presupuesto asignado -funcionará con los recursos de los organismos que participen en ella- tomará el relevo de la Comisión Nacional del Efecto 2000, presidida por el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, encargada hasta ahora de supervisar los trabajos de conversión. Sus funciones comenzarán en octubre y terminarán en marzo del año próximo, cuando se supone que ya estarán solucionados todos los problemas eventuales que puedan surgir.

Esta comisión, que ha sido hasta ahora la encargada de informar a la Unión Europea y los organismos internacionales de la marcha de los trabajos, publicó hace pocos días su cuarto informe sobre la situación, en el que se detallan la evolución de los trabajos en cada unos de los sectores más sensibles de la economía hasta el 23 de julio.

- Energía. La finalización de la adaptación está prevista para el més próximo, y los distintos sectores involucrados, según el Ministerio de Energía, tienen índices de conversión cercanos al 90%. Repsol, Cepsa y BP España, las grandes distribuidoras de hidrocarburos, han adaptado ya el 95% de sus ordenadores al efecto 2000. El centro gasificador de Madrid es el único del sector que lleva un "ligero" retraso, mientras que el 100% de las centrales nucleares muestran ya "plena conformidad".

- Transportes. Éste es uno de los sectores que, según el informe del MAP, presenta más desigualdades: la Marina Mercante no presenta problemas, pero sólo el 56% de las compañías aéreas ha respondido al cuestionario de la comisión, y del transporte por carretera "no se dispone de un conocimiento adecuado". El índice de adaptación de Renfe es del 93%.

- Telecomunicaciones. Los siete planes de acción previstos por Telefónica rondan el 85% de conformidad, y algunas ya han sido concluidos. La adaptación al efecto 2000 le ha costado a la empresa 22.118 millones de pesetas. La Secretaría de Comunicaciones ha elaborado un plan de reuniones con los medios de comunicación para coordinar los desajustes que se puedan producir.

- Banca. Éste es el sector, según el informe, que mejor información ha prestado y que más ha avanzado en los trabajos, que rondan el 90% de conformidad. A pesar de ello, las entidades financieras estudian pedir al Ministerio de Economía que declare al 31 de diciembre como día inhábil a efectos bancarios. El Banco de España realizará mañana una prueba interna del proyecto global.

- Agua. Ocho de las nueve confederaciones hidrográficas han completado ya los procesos de conversión. No obstante, el informe destaca que de más de 7.000 municipios con menos de 10.000 habitantes, si bien su grado de tecnificación es escaso, "se carece de información sobre la situación".

- Sanidad. De los 119.822 equipos e instalaciones del Insalud analizados, la mitad ya han sido adaptados y el 44% está en proceso. De todas formas, según el informe, el 75% de todos ellos sólo presentaría problemas de representación gráfica de la fecha. El problema principal se encuentra en los servicios de salud de las comunidades autónomas, que, salvo el Servicio Galego de Sanidad, no han informado todavía al MAP. Tampoco se dispone de suficiente información del sector privado sanitario.

- Administraciones territoriales. El 8% de las comunidades autónomas no ha iniciado el análisis de impacto, y un 30% no ha comenzado la conversión. Todos los ayuntamientos con más de 500.000 habitantes han terminado ya los planes exigidos por el MAP, pero sólo el 57% de los municipios con poblaciones entre 100.000 y 500.000 habitantes ha adaptado sus ordenadores. En los municipios más pequeños los números varían, pero en general cuentan con algo más de retraso que las grandes urbes. El coste total previsto para las administraciones territoriales es de 35.121 millones de pesetas.

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