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ALARMA POR LAS AGRESIONES CANINAS

Una jauría de leyes

Los defensores de animales y las víctimas de agresiones tachan de oportunista la ley del Gobierno sobre perros peligrosos

El Gobierno ha conseguido por primera vez conciliar a todas las partes en discordia: desde los propietarios de perros de presa hasta la Asociación Nacional de Víctimas de Animales, pasando por las asociaciones de criadores y adiestradores, hasta las protectoras de animales, todos han coincidido en señalar que a raíz del caso de una niña en Valencia matada por un rottweiller, el Gobierno aprobará en septiembre una ley "populista", "oportunista" y sin rigor.Una de las medidas más drásticas que el Gobierno aprobará será someter a los dueños de ciertos perros a un test psicológico. Veamos cómo surgió la idea del test. Tras la muerte de un niño en Palma de Mallorca al que atacó un dogo argentino el pasado enero, y teniendo como antecedente la muerte de una mujer de 53 años que falleció tras el ataque de un pitbull en Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno decidió reunir a miembros de distintas asociaciones para consultarles posibles medidas de choque. Eduardo Benito, un ex director de varias publicaciones sobre perros que asistía asesorando a la asociación del pitbull, mencionó ante los responsables del Ministerio de Agricultura la posibilidad de someter a un examen psicológico al dueño del perro. "Fui yo quien dijo lo del test, sí, pero lo dije de coña. Ni se me pasó por la cabeza que alguien podía tomarse aquello en serio. Esas pruebas suelen ser ridículas, no solucionan nada".

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"Lo que ha ocurrido ahora", añade Benito, "es que la anterior ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, hizo que su equipo redactara este informe cuando ocurrió lo del dogo. Y ahora, el nuevo ministro lo ha mandado sacar del cajón deprisa y corriendo, y se han ido de vacaciones".

¿Qué ocurre si...? Este periódico ha planteado la siguiente pregunta a los técnicos del Ministerio de Agricultura: "¿Qué ocurre si una persona suspende el test pero su esposo/a lo aprueba? ¿Podrán tener el perro?". Y la respuesta, al cabo de dos días, ha sido: "El perro lo podrá tener todo aquel que cumpla los requisitos necesarios para que el Ayuntamiento otorgue la licencia correspondiente".

La respuesta a la segunda pregunta aún aclara menos que la anterior: "¿Cuántos perros hay en España?". Y la respuesta: "El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sólo tiene constancia de los perros inscritos en el Libro de Orígenes Español, que en los últimos seis años supone un total de 514.504 perros". Precisamente, medio millón de perros son los que el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid tiene identificados en su Comunidad. O sea, que, por fuerza, en el resto del país tiene que haber más que los 514.000 registrados por el Gobierno. Ante esta situación, Agricultura remite a una entidad privada: la Real Sociedad Canina de España, que ostenta el poder de registrar y conceder inscripciones de cachorros, a 2.000 pesetas, y pedigrí, a 5.000, a quien voluntariamente lo solicite. Así pues, las cifras de la Real Sociedad Canina son las siguientes: "Desde nuestra fundación, en 1912, hemos inscrito 1.096.501 perros". Aunque la misma sociedad reconoce: "Hay cantidad de perros que no se inscriben. Con lo cual, ¿cuántos perros hay en España? Y de ellos, ¿cuántos de presa? "Esta ignorancia de la Administración ha tenido como consecuencia el que, en España, cientos de miles de perros se críen, se adiestren para el ataque y se vendan sin control genealógico de ningún tipo por parte de la Administración", señala Tomás Fernández, portavoz de la Asociación Nacional de Víctimas de Animales."El Reino Unido", añade Fernández, "fue pionero en Europa con su ley sobre perros peligrosos de 1991. Pero, a pesar de su larga tradición en la tenencia de estos animales, los estudios y proyectos comenzaron dos años antes de aprobar la norma. No se hizo como aquí".

El diputado socialista Demetrio Madrid, autor de una proposición de ley sobre perros "potencialmente peligrosos", se pregunta: "Existiendo tantas leyes, ¿por qué resultan inoperantes a la vista de los sucesos ocurridos en los últimos días?". Demetrio Madrid se responde a sí mismo: "Porque todas las leyes actúan tras la denuncia de la infracción, pero previamente nadie denuncia la infracción". Madrid, igual que Tomás Fernández y lo mismo que Eduardo Benito y varias protectoras de animales consultadas por este periódico, cree que el Gobierno elude con su anteproyecto de ley encarar el problema desde la raíz. "Antes que nada", vienen a decir, "la Administración debe controlar al perro desde que nace, igual que un coche no sale a la calle sin matrícula".

Algunas administraciones autonómicas, como las de Madrid y Cataluña, ya que entre sus potestades no entra la de "matricular" perros, han decidido poner los medios para que se produzca el menor número de accidentes posible. 6.000 pesetas en seguros.

La Comunidad madrileña aprobará una normativa este mismo mes para los perros de cualquier raza cuyo peso supere los 25 kilos o, independientemente del peso, para cualquier ejemplar de una de las 47 razas que aparecen en el gráfico de esta página. El seguro cuesta unas 6.000 pesetas de media. Pero las medidas del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no concluyen ahí. El Gobierno madrileño prohíbe "la permanencia continuada de los animales en la terraza de la vivienda", exige la autorización de la comunidad de vecinos para que los perros utilicen el ascensor, fija la obligación de llevarlos atados con cadenas resistentes, nunca extensibles, y anuncia la prohibición de que los perros jueguen en zonas infantiles y beban en fuentes públicas de los parques.

Sin embargo, en Cataluña, las razas "potencialmente peligrosas" no son 47, sino sólo 11. Y el anteproyecto de ley del Gobierno central no especifica siquiera ni cuántas ni cuáles son las razas potencialmente peligrosas.

Al mar confuso de leyes actuales se añaden, según Tomás Fernández, las lagunas del Código Penal. Fernández asegura que a cualquiera le sale más rentable agredir con su perro que hacerlo con las propias manos, con un cuchillo o una pistola, aunque el resultado sea el mismo. Las lesiones causadas por un perro están tipificadas como falta, según el artículo 631 del Código Penal. "Da igual que el perro te despelleje entero o que te pegue un mordisquillo: si no demuestras que te lo azuzaron, será considerado una falta", señala Fernández.

En el caso de un homicidio, se repite lo mismo: hay que probar que el amo instigó al perro a matar a su víctima, lo cual no es fácil. Lo normal es que se quede en homicidio imprudente o involuntario, con una pena máxima de cuatro años.

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