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viernes, 30 de julio de 1999
EL 'CASO DEL LINO'

Los trabajos acabarán antes de que De Palacio acuda a Estrasburgo

La comisión de investigación del lino votará el 17 de agosto las conclusiones de los trabajos desarrollados, 13 días antes de que la ex ministra de Agricultura y nueva comisaria europea Loyola de Palacio comparezca ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. PP, CiU y Coalición Canaria pactaron ayer la fecha de cierre de la comisión en medio de una fuerte polémica. Los representantes de la oposición mostraron su protesta abandonando la sala antes de votar.

Los ocho diputados del PSOE, IU, Nueva Izquierda y PNV querían mostrar su protesta con su negativa a votar la conclusión de la comisión, ya que consideran que la decisión sobre el fin de los trabajos no estaba contemplada en el orden del día.Sólo votaron los representantes del PP, CiU y Coalición Canaria. Por mecánica parlamentaria, deberá ser el Gobierno quien habilite el día 17 de agosto como hábil a efectos parlamentarios, para cerrar la Comisión. Es un hecho poco usual. En otras ocasiones se han habilitado días de agosto, pero el Ejecutivo nunca lo ha hecho directamente.

Los comisionados dispondrán de dos semanas (hasta el día 13 a las 12 horas) para elaborar las conclusiones que se votarán el día 17 y no habrá ni nuevas peticiones de documentación, ni nuevas comparecencias, tal y como habían solicitado el PSOE, IU y el Grupo Mixto.

Los socialistas reaccionaron airadamente al pacto del PP y sus socios parlamentarios. La portavoz en la Comisión, Amparo Rubiales, aseguró que el PSOE no descarta acudir al Tribunal Constitucional por lo que considera "una burla al Parlamento". Rubiales fue rotunda al afirmar que, suceda lo que suceda en la comisión, el escándalo del lino acabará por perjudicar "seria y gravemente" a la ex ministra Loyola de Palacio. No menos rotundo en sus manifestaciones fue el portavoz popular en la comisión, Jaime Ignacio del Burgo. Éste calificó ayer "de montaje intolerable" la polémica abierta en torno al cultivo del lino y achacó al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, y a su consejero Alejandro Alonso toda la responsabilidad del caso. "Bono", aseguró Del Burgo, "es responsable del daño al honor causado a personas respetables y tendrá que responder de ello". "Si yo fuera uno de los afectados ", concluyó, "emprendería acciones legales".

Para el PP, como para CiU, la comisión ha probado que las acusaciones sobre la existencia de una trama de altos cargos en el Ministerio de Agricultura para cobrar ayudas de la UE "son falsas". Por eso ya han anunciado que eximirán a De Palacio de cualquier responsabilidad.

CiU introduce un matiz, al reconocer que ha habido abusos en el cobro de ayudas (el lino que se produce en España no sirve para nada), pero propiciada por la normativa comunitaria, que define como "laxa".

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