Más de la mitad de las denuncias por malos tratos no prosperan

El 56% de las víctimas de malos tratos no acude al juicio, retira la denuncia o perdona al agresor en ese acto, lo que dificulta la condena en muchos casos. Detrás de este hecho se esconde, según un estudio del Consejo de la Mujer de Madrid, la falta de apoyo y protección que sienten estas mujeres en el proceso. Estas conclusiones, presentadas ayer en Madrid, se basan en el análisis de 2.430 procedimientos y expedientes.

La actitud de la víctima tiene graves consecuencias en el caso de los juicios de faltas (el 94% de todos los procedimientos). En éstos, sólo un 6% de las agresiones físicas cuya víctima retiró la denuncia llegó a juicio, según el estudio Respuesta penal a la violencia familiar. El porcentaje se reduce al 4% cuando se trata de una agresión verbal. Pero en todos los casos que llegan al procedimiento oral de esta forma, el acusado es absuelto. Estos hechos llevan a las autoras del informe, 16 abogadas de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, a pedir más apoyo y protección para las agredidas. Así, recomiendan que el juez investigue cuál es el origen de la retirada de la denuncia antes de dar carpetazo al asunto, ya que en muchos casos la ausencia del testimonio de la víctima, la principal prueba, lleva a archivar el procedimiento.

Una de las circunstancias que puede explicar la desprotección que siente la víctima -el 90% mujeres- está en los propios juzgados y en su forma de actuar: el 33% de los juicios de faltas, castigadas con penas menores que los delitos, podrían abrir la vía penal, ya que o bien se refieren a agresiones físicas graves o a amenazas de muerte, ambas tipificadas como delito. La actitud de los fiscales tampoco ayuda en muchos casos: en el 66% de los juicios de faltas la acusación pública pidió la absolución.

Pero no todos los problemas están en los juzgados. El informe, de 130 páginas, concluye que las denuncias policiales son "incompletas". Los agentes se limitan a tomar nota de la agresión, pero no investigan las circunstancias: si ha habido testigos o agresiones anteriores, por ejemplo. El estudio ha analizado la actividad de la Audiencia Provincial, el 13% de los juzgados de instrucción y el 32% de los penales desde 1992 a 1996.

A la presentación del informe acudieron ayer la presidenta de Themis, María Durán; la coordinadora del estudio, Ángela Alemany; el fiscal Eduardo Torres Dulce; el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Ramón Sáez Valcárcel, y la presidenta del consejo, Ángela Díaz. Este organismo, que agrupa a 71 asociaciones, recomienda la adopción de un protocolo de coordinación entre las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y médicos, así como la creación de una fiscalía especial para hacer frente a un problema que, según las asociaciones de mujeres, ha costado la vida a 20 españolas este año. Pero, sobre todo, estos datos, exigen para las autoras del estudio un cambio de actitud en las instancias judiciales porque el castigo de la violencia familiar "no es un problema de ausencia de normas o de mayor severidad", sino de "voluntad" para aplicar la ley.