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viernes, 18 de junio de 1999

Exteriores veta una directiva sobre las OPA que apoyaba Economía

  • La decisión se ha tomado por los problemas con Gibraltar

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido vetar una nueva directiva de la Unión Europea que regula las OPA (oferta pública de adquisición) a nivel europeo. La decisión se ha tomado pese a que el texto contaba con el apoyo del Ministerio de Economía, según fuentes de la Comisión Europea. Fuentes españolas explicaron que la directiva podría permitir a Gibraltar constituir una autoridad supervisora sobre OPA, aunque admitieron que ésa es sólo una hipótesis "porque Gibraltar no tiene Bolsa".

España invocará el llamado compromiso de Luxemburgo, en virtud del cual un país puede vetar la aprobación de una decisión que no se toma por unanimidad invocando intereses vitales. La directiva tenía que aprobarse el próximo lunes. La decisión del Gobierno español ha producido un hondo malestar en la Comisión Europea, que ve así cómo no prospera un acuerdo que ha tardado 10 años en conseguir. "El Ministerio de Economía estaba encantado con esta directiva, pero el Ministerio de Exteriores considera que tiene que vetarla por el problema de Gibraltar. Para nosotros supone un enorme contratiempo y no acabamos de entender el empecinamiento de España", subrayaron fuentes comunitarias.

Estas mismas fuentes destacaron que España ya ha bloqueado varios acuerdos en el Consejo de Ministros de Asuntos de Interior y Justicia (JAI) apelando al conflicto de Gibraltar y enfatizaron también el veto español a la directiva sobre sociedades anónimas europeas, que lleva decenios negociándose.

La directiva sobre OPA de carácter transfronterizo pretende proteger a los accionistas de otros Estados ante operaciones realizadas por empresas de un país tercero. Hasta ahora era la oposición del Reino Unido la que había impedido una mayoría suficiente. Londres esgrimía que la nueva normativa europea vendría a entorpecer las OPA debido a los poderes que se conferían a la autoridad reguladora. El Gobierno británico ha dado su apoyo al lograr que la autoridad supervisora sólo intervenga en operaciones de gran calado.

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