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viernes, 18 de junio de 1999

Los funcionarios tendrán un estatuto básico después de 20 años de espera

  • Los sindicatos piden la máxima celeridad

El Consejo Superior de la Función Pública, en el que están representados la Administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los sindicatos, aprobó ayer el texto del anteproyecto de ley del Estatuto de la Función Pública, con un "alto grado de consenso", según manifestó el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes. El ministro calificó el estatuto de "trascendental", ya que, a pesar de estar recogido en la Constitución, ha tardado 20 años en desarrollarse. El estatuto, que actuará de marco jurídico de los alrededor de dos millones de funcionarios, establece la homogeneización de todas las administraciones, la movilidad funcionarial, la especialización de los funcionarios, así como la profesionalización por medio de retribuciones a la productividad. Además, crea un marco de negociación extrajudicial entre la Administración y los sindicatos.

El estatuto será aprobado por el Consejo de Ministros dentro de dos semanas y con posterioridad seguirá el trámite parlamentario. A pesar de que llega al Congreso con el tiempo justo de ser tramitado en esta legislatura, Acebes espera que no encuentre demasiadas trabas parlamentarias, aunque manifestó estar abierto a sugerencias. "Espero que se mantenga el consenso acordado en este foro; no obstante, estamos abiertos a las iniciativas constructivas que puedan plantear los diferentes grupos parlamentarios a través de enmiendas", dijo el ministro.

El estatuto, que ya fue aprobado el 10 de febrero de 1998, ha estado paralizado por diferencias entre el Gobierno y los grupos socialista y catalán. Acebes destacó la vocación de "estabilidad y permanencia en el tiempo del estatuto" y añadió que "es más importante que se alcance un alto grado de consenso parlamentario que sea aprobado en esta legislatura".

Las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los sindicatos manifestaron su apoyo al estatuto, con excepción de la comunidad extremeña, que manifestó divergencias genéricas que no puntualizó.

Los sindicatos calificaron el texto de marco laboral del siglo XXI para los funcionarios. Sin embargo, UGT criticó la tardanza del estatuto y alertó sobre el "peligro" de que el estatuto pueda "entretenerse" en el trámite parlamentario, y pidió la máxima celeridad en la aprobación de la ley.

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