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domingo, 6 de junio de 1999

La memoria de la fiscalía revela múltiples deficiencias en cinco cárceles

"La violencia en Soto hace dudar de la vigencia de los derechos básicos en su interior", diceLa memoria destaca que la dirección de Navalcarnero impone sanciones encubiertas a los presos

La memoria de la Fiscalía de Madrid de 1998 denuncia deficiencias en cinco de las siete cárceles de la región: Victoria Kent, Madrid II (Alcalá-Meco), Navalcarnero, Aranjuez y Soto del Real. Este último centro, que ha cambiado recientemente de director, es el más criticado. En esta prisión se registra, según la fiscalía, superpoblación, falta de personal, malas dotaciones, conflictividad, muertes por sobredosis, denuncias de malos tratos y casos de autolesiones."Los fiscales de vigilancia penitenciaria no dejan de preguntarse si los hechos referidos no son la punta del iceberg", apunta el escrito.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, va aún más lejos en la introducción de la memoria. Destaca el "mal funcionamiento" de la prisión de Soto del Real y denuncia que los "excesivos episodios de violencia" que se han vivido en 1998 en dicho centro "hacen dudar de la vigencia en su interior de derechos básicos". Por todo ello, la fiscalía afirma estar sometiendo a este centro penitenciario a un "especial seguimiento".

La memoria resalta también el mal funcionamiento de la cárcel de Navalcarnero en la tramitación de los recursos contra la denegación de los permisos.

El informe de la fiscalía comienza, en el aspecto penitenciario, con lo que pretende ser un amable preámbulo: "En general, los fiscales que han girado visitas a los centros penitenciarios de nuestra comunidad han constatado su normal funcionamiento, la tramitación correcta de dictámenes y requerimientos para la formación de los correspondientes expediente de vigilancia penitenciaria y la inmediata y eficaz colaboración del fiscal". Pero, acto seguido, la memoria lamenta que, "hay relevantes excepciones que es necesario resaltar". Estas excepciones afectan a cinco de las siete prisiones de la región. Las dos que escapan a la crítica son la de mujeres de Alcalá-Mecó (antes en Carabanchel y ahora Madrid I) y la de Valdemoro. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, preguntada sobre tales denuncias, declinó pronunciarse. PASA A LA PÁGINA 3

La fiscalía afirma que tres prisiones tramitan con excesivo retraso los permisos de sus reclusos

VIENE DE LA PÁGINA 1- Victoria Kent. La primera de las prisiones descritas por su incorrecto funcionamiento es la Victoria Kent, un centro de régimen abierto (donde los presos sólo van a pernoctar). La memoria de la fiscalía le atribuye "una disfunción -no imputable a los responsables de la administración penitenciaria- en lo que afecta al cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana". El escrito explica que jueces y tribunales ignoran que este tipo de condena debe aplicarse sólo a quienes se estrenan en el mundo del delito. Por el contrario, según los fiscales, la están concediendo "de manera indiscriminada a individuos con largos historiales delictivos". Esto provoca que los presos "utilicen todos los vericuetos legales para lograr un cumplimiento defectuoso de la pena o, simplemente, eludirla en su totalidad". La fiscalía cita un rosario de trucos para evitar el cumplimiento de la condena: incomparecencias, ausencias intermitentes de la prisión. "Resulta inútil oponerse al cumplimiento interrumpido de los arrestos de fin de semana, pues la negativa provoca continuos quebrantamientos de condena que traen como consecuencia la obligación de su cumplimiento continuo".

- Alcalá-Meco (Madrid II). La memoria recuerda que en este centro se ha producido en 1998 "una fuga de tres internos". "Lograron evadirse tras pasar los tres controles establecidos sin que hubiera obstáculo y de manera inexplicable, pues les surgió la idea de manera súbita al comprobar que pasaban cada uno de aquéllos sin problema alguno, abandonando el recinto penitenciario en un vehículo que sustrajeron, propiedad de un guardia civil", añade el escrito fiscal, antes de propinar un segundo varapalo a esta prisión: "Hemos de hacer constar, desde otro punto de vista, la extraordinaria permisividad del equipo de tratamiento -excepción hecha de la psicólogo y el jurista- en la concesión de los permisos penitenciarios".

- Navalcarnero. La memoria del fiscal trata sin rodeos los problemas de esta prisión: "Los reclusos se han quejado, con razón y de manera reiterada, de la mala tramitación de los recursos contra la denegación de los permisos ordinarios". Los fiscales sostienen que, por una "irregular normativa interna", este centro se toma hasta seis meses para analizar los nuevos permisos, cuando en otros centros oscila entre dos y tres meses. Y cita como "carencia importante" la ausencia de un módulo de autoprotección. Cuando los reclusos solicitan tal medida, a falta de tal dependencia, son conducidos a celdas de aislamiento, donde no tienen ni televisión, ni calefacción y pierden dos horas de patio.

"Esta situación es provocada por la dirección del centro para que los peticionarios de autoprotección renuncien a ella". "En verdad, se trata de una sanción encubierta", señala la memoria, al tiempo que rejonea la literatura médica del centro. "Los fiscales de vigilancia penitenciaria siguen lamentándose de los informes del subdirector médico, toda vez que los redacta en tono exageradamente sarcástico".

- Aranjuez. La fiscalía guarda otro puñado de críticas para esta prisión. Asegura que su entrada en funcionamiento, en sustitución de Carabanchel, se ha producido "con una descoordinación patente". No se han transmitido los expedientes de Carabanchel al nuevo centro, con lo que se produce un retraso "considerable" en la tramitación de los permisos y en las aprobaciones de redenciones. En la práctica, esto se ha traducido en que ha sido remitida al juzgado de vigilancia penitenciaria una documentación insuficiente, por lo que ha sido necesaria completarla con la requerida de Carabanchel. La fiscalía reprocha que con este trasvase humano "se han separado parejas de internos (matrimonios o relaciones asimiladas), incumpliéndose las promesas de reunirlos en módulos familiares".

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