El SEPLA da por rotas las negociaciones para acabar con el conflicto laboral en Iberia
Las negociaciones para poner fin al conflicto laboral entre Iberia y los pilotos, agrupados en el sindicato SEPLA, han quedado rotas. Según fuentes del SEPLA, la compañía de bandera se negó anoche a firmar sin ninguna modificación el VI convenio colectivo que ambas partes acordaron el pasado 30 de octubre. La compañía ya advirtió a los pilotos de que la oferta que puso sobre la mesa el pasado domingo era "la única y la última" y que, de no aceptarla el SEPLA, tomarían medidas de fuerza. Los pilotos dan por agotadas las vías de negociación y dejan la resolución del conflicto en manos del ministro de Industria, Josep Piqué.
Mientras se acerca el verano y, con él, las fechas de mayor tráfico aéreo, el conflicto entre Iberia y el SEPLA permanece empantanado. Si el pasado lunes -tras la negativa de Piqué a mediar en el conflicto- los pilotos flexibilizaron algo su posición y señalaron que la oferta de Iberia era "aceptable, con matices", ahora las negociaciones se han vuelto a romper.Fuentes del SEPLA recogidas por Europa Press culparon a la compañía de bandera de esta nueva ruptura, señalando que los pilotos habían renunciado a la prima de 700.000 pesetas que ofrecía Iberia y a las facilidades para la compra de acciones. A cambio, pretendían que fueran los tribunales quienes dirimiesen sobre los "incumplimientos" de la compañía de bandera respecto al Plan de Viabilidad de 1994, en el que, según las mismas fuentes, se les solicitaron sacrificios y se les hicieron promesas que aún no han sido satisfechas. Iberia se ha negado a aceptar estas condiciones. "Nunca hemos pretendido dinero ni privilegios sino un convenio colectivo del que carecemos desde hace cuatro años", adujo anoche el sindicato. La reunión celebrada ayer tenía como objetivo intentar acercar las posiciones del SEPLA y la compañía de bandera para hacer llegar hoy mismo un documento al ministro de Industria.
Negativa de Piqué
Piqué, a quien los pilotos han reclamado insistentemente como mediador, ya dejó claro el pasado domingo en Moscú que respalda totalmente la posición de la compañía de bandera, que había advertido ese mismo día a los pilotos de que la oferta que ponían sobre la mesa era "la única y la última" y que, de no aceptarla, la compañía se vería obligada a tomar medidas de fuerza contra los pilotos. Éstos, por su parte, tras rechazar la propuesta de Iberia, el domingo pasado, garantizaron que no habría "movilizaciones ni huelgas" para "tranquilidad de los pasajeros".
Por otra parte, el consejero catalán de Política Territorial, Pere Macias, presentó ayer un documento en el que se reclama la creación de autoridades portuarias autonómicas que dirijan las políticas de los aeropuertos situados en sus territorios. El proyecto separa la navegación aérea, que seguiría en manos de AENA, de la dirección de las instalaciones, que pasaría a ser autonómica, con posibilidad de gestión privada.
El modelo actual de AENA, con decisiones centralizadas, no funciona y es negativo para Cataluña e incluso para Barajas, dijo Macias. En su opinión, el sistema no aprovecha las ventajas competitivas de cada uno de los centros, no incorpora a las administraciones territoriales ni a la sociedad civil y se aleja de los esquemas europeos. Macias precisó que presentaba ya su propuesta para evitar una privatización precipitada de AENA.
La propuesta del Gobierno catalán distingue entre la dirección política de los aeropuertos y su gestión. La primera, dijo Macias, tiene que corresponder a las autoridades políticas y no puede quedar al albur del afán de lucro de una empresa. La segunda puede ser privatizada total o parcialmente e incluso ser encargada a las Cámaras de Comercio, instituciones que en Cataluña se han ofrecido para la gestión de los aeropuertos.
AENA retendría lo referente a la navegación aérea y la coordinación de la formación, y podría estar presente en las autoridades portuarias de cada comunidad autónoma. Estas autoridades tendrían representación local, de los principales operadores y de la sociedad civil y encargarían la gestión de los aeropuertos a una entidad gestora que podría ser privada, pública, mixta o las Cámaras de Comercio.
