El Ayuntamiento denuncia a 19 familias de Cañada Real por vivir en chabolas

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha denunciado a 19 familias chabolistas del poblado de la Cañada Real (Vallecas Villa) porque los chamizos en los que viven son "construcciones ilegales", aunque fue el propio consistorio quien facilitó en 1994 la creación de este poblado junto al vertedero de Valdemingómez. Por ello les concede la posibilidad de presentar alegaciones antes de decidir sobre su demolición. También acusa a los afectados de ser vendedores de vivienda pública, lo que implica que no serán realojados.Seis asociaciones vecinales y gitanas han salido en defensa de los afectados. Las notificaciones sólo han llegado a 19 familias de las cerca de 35 que habitan en el asentamiento, aquellas de las que el Ayuntamiento de Madrid posee datos. Todas han presentado alegaciones a través de la agrupación de vecinos de Orcasur (Usera), que les apoya, junto a otras asociaciones como Expresión Gitana, La Amistad, La Unión de Almendrales, Camelamos Parrugar y el grupo de mujeres gitanas Romí Sersení. Estas entidades se reunirán la próxima semana con responsables municipales para buscar soluciones al problema.

Los chabolistas alegan que fue el Ayuntamiento de Madrid quien trasladó a la Cañada a 22 familias que vivían en el camino de los Toros, en San Blas, donde los chamizos obstaculizaban la construcción del polígono de viviendas de Las Rosas. "Los servicicios municipales allanaron el terreno, nos proporcionaron materiales para hacer las chabolas e instalaron una fuente de agua y una línea de tendido eléctrico", asegura el escrito de alegaciones del letrado que asesora a estas familias.

"Encima de que nos dejaron en un lugar en pésimas condiciones, no nos íbamos a dedicar a solicitar una licencia de edificación y a registrar la chabola en el Registro de la Propiedad", añaden los vecinos con ironía. "No es que el poblado de la Cañada sea ilegal, es que es anticonstitucional porque contraviene derechos fundamentales", apostillan en referencia al aislamiento del núcleo, a su falta de servicios básicos y a la proximidad del vertedero de Valdemingómez y, también, los primeros años, de una granja de cerdos.

Suelo urbanizable

La presidenta de la asociación de vecinos de Orcasur, Piedad Martínez, cree que las prisas por desalojar el poblado se deben a que ocupa terrenos municipales destinados a infraestructuras como la M-50 y el AVE a Valencia, extremo que niega el edil de Urbanismo, Ignacio del Río. En las notificaciones figura que las chabolas ocupan "suelo urbanizable afectado por el futuro trazado de vía pública principal y servicios de transporte ferroviario". "Cuando pedimos explicaciones a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) sobre la negativa a realojar a estas familias nos pidieron disculpas y nos dijeron que había un error, que sólo unas pocas, y no las 19, eran vendedoras de pisos sociales", explica Martínez. "Nosotros no vamos a luchar por quienes han recibido un piso social y lo han vendido, pero creemos que las acusaciones hay que probarlas", concluye.

Del Río niega que tenga ya una decisión tomada sobre el realojamiento de estas familias. Tampoco le resulta paradójico sancionar unas construcciones que su equipo de gobierno dejó construir. "El hecho es que esas familias ocupan de forma ilegal unas casas, sea quien sea quien las haya levantado", afirma.

El Consejo de Europa, tras una visita al núcleo realizada a instancias de la asociación Presencia Gitana, emitió en febrero de 1998 un informe demoledor, calificando de "intolerable" la situación del barrio.

Tras del tirón de orejas, el consistorio realojó, en la primavera de 1998, a 11 familias del poblado, la mitad de las 22 trasladadas desde el camino de los Toros, las únicas de las que se siente responsable. Las otras 11 quedaron fuera de los realojamientos, porque, según el consistorio, 8 eran vendedoras de pisos públicos y otras 3 se habían marchado. En el núcleo existían otras 34 casetas que los munícipes no incluyeron en los planes por considerar que no estaban habitadas de forma estable.

El pasado verano, el defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, propinó un nuevo varapalo al consistorio por las condiciones de este poblado, en cuyas inmediaciones se está levantando otra infraestructura insalubre: el nuevo macrovertedero que explotará la empresa Vertresa de los Albertos.