Bolín niega al juez que haya cometido un supuesto delito de alzamiento de bienes porque está arruinado
"No he podido alzar ningún bien puesto que no tengo nada". El alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, negó ayer de forma taxativa haber cometido el presunto delito que le imputa el juez y atribuyó todas las denuncias que han motivado la apertura de cuatro causas contra él en distintos juzgados de Torremolinos a una "maniobra electoralista del Partido Popular". Pese a ello, se mostró "encantado" de comparecer ante el juez "para poder demostrar que todas las acusaciones son mentira". Bolín debe aún prestar declaración por otros cuatro presuntos delitos.
Tras prestar declaración durante algo más de una hora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos, Francisco Liñán, Enrique Bolín afirmó a los periodistas: "Creo que todo ha quedado bastante claro. No hay fundamento ninguno para haber cometido ningún delito". Durante la testificación reconoció al juez que no pagó nada al empresario Sebastián Carretero por la cesión del usufructo del chalé donde reside, pese a que ambos firmaron un contrato privado en el que se estipuló un precio de 10,9 millones de pesetas. Precisamente la acusación de alzamiento de bienes tiene uno de sus fundamentos en el hecho de que se firmara este contrato cuando Bolín carece de patrimonio y no tiene más ingresos que su sueldo de alcalde, parcialmente embargado por orden de un juez de Fuengirola para saldar unas deudas de 34 millones de pesetas. Bolín afirmó que no pagó nada a Carretero y coincidió con la versión de éste, que el pasado 18 de marzo reconoció al juez que no cobró nada en agradecimiento a los favores que anteriormente había recibido de Bolín, quien dijo le prestó una cantidad "equivalente" al precio mencionado "hace 12 o 14 años" para sacar a flote su negocio de restauración. Hipoteca Bolín perdió la propiedad de su casa por no poder hacer frente a la hipoteca que tenía concertada con la entidad Societè Generale y ésta la vendió a Cardiben, sociedad de la que es administrador único Sebastián Carretero. Primero hizo una entrega de 10 millones de pesetas y luego otra de 45 millones. Sin embargo, la acusación sostiene que en la inscripción registral se hizo constar que la operación costó 35 millones de pesetas. En la denuncia que el Partido Popular presentó en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga se asegura que la sociedad Cardibén recibe un trato preferente del Ayuntamiento de Benalmádena desde que Bolín accedió a la alcaldía. Bolín afirmó ayer que todas las operaciones se hicieron de forma legal, que se liquidó el correspondiente impuesto de transmisiones y que la vivienda está inscrita a nombre de su verdadero propietario, aunque en el registró sí consta el contrato de cesión de usufructo firmado entre ambos. "Todo es legal, la denuncia no tiene nada que ver con la realidad", concluyó. El alcalde de Benalmádena cuestionó también la legitimidad de los autores de la denuncia, los concejales del PP Miguel Márquez y Miguel Muñoz, porque no son acreedores suyos. En un comunicado del Ayuntamiento de Benalmádena difundido ayer se atribuyen las imputaciones de estos dos ediles a la proximidad de las elecciones municipales. En la nota se critica también que "el PP se permite airear una y otra vez las mismas cuestiones", cuando Enrique Bolín ha sido apercibido por el juez por realizar manifestaciones públicas sobre la causa. El alcalde alegó al instructor que se siente víctima de una persecución política. Reclamación En el comunicado oficial no se hace mención alguna al fondo de la cuestión, pero se afirma que de las "26 acusaciones que realizaron Muñoz y Márquez, únicamente cinco han sido admitidas a trámite". Sí alude a la demanda presentada por Bolín contra ambos concejales por atentado contra el honor en la que les reclama una indemnización de 30 millones de pesetas "que donará a una institución benéfica". En los juzgados de Torremolinos se instruyen cuatro sumarios sobre actividades del alcalde de Benalmádena tras haber detectado la Fiscalía indicios de cinco cinco presuntos delitos: dos de malversación, el mencionado de alzamiento de bienes, contra el ejercicio de los derechos civiles y urbanístico.
