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jueves, 15 de abril de 1999

El Constitucional reconoce la validez jurídica del catalán donde es oficial

El Tribunal Constitucional reconoce la validez jurídica, sin necesidad de traducción, de los documentos oficiales que realice cualquier institución o empresa pública de Cataluña a las personas física o jurídicas residentes en la Comunidad Valenciana o Baleares, dos comunidades autónomas donde el catalán está reconocido también como idioma cooficial.La sentencia, notificada el pasado lunes y de la que ha sido ponente el magistrado Carles Viver Pi-Sunyer, resuelve de esta manera los recursos que presentaron la Junta de Castilla y León y la Generalitat de Cataluña contra la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

El artículo 36 de esa ley establecía que "en cualquier caso, se han de traducir al castellano los documentos que hayan de tener efectos fuera del territorio de la comunidad autónoma", sin ninguna excepción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha considerado que esta obligación de traducción de documentos, cuando hayan de ser efectivos en los territorios de habla catalana, "supone desconocer el carácter oficial" de esta lengua.

La sentencia cita otra de 1986 del mismo Tribunal Constitucional, en la que se afirmaba: "El carácter oficial de una lengua comporta que los poderes públicos la reconozcan como un medio normal de comunicación en ellos y entre ellos, y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos". Pese a ese pronunciamiento expreso, la sentencia no tendrá efectos prácticos, pues ese artículo que no establecía excepciones fue modificado en la ley que entró en vigor el pasado mes de enero. El texto ahora vigente señala que los documentos redactados en lengua oficial, "si han de tener efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esta misma lengua diferente al castellano, no es necesaria la traducción".

El Departamento de Cultura de la Generalitat calificó ayer la sentencia del Constitucional como un respaldo a la Ley de Política Lingüística, que entró en vigor en enero de 1998.

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