Segundo recurso contra la Junta andaluza por adelantar el alza de pensiones y "vulnerar la lealtad constitucional"

El Gobierno va a elevar ante el Tribunal Constitucional (TC) dos recursos contra la Junta de Andalucía. Uno por invadir competencias del Estado al subir las pensiones no contributivas (3,6%) más que el resto de España (1,8%), y otro por adelantar el pago antes de que el tribunal aplicase la suspensión. Este último fue decidido ayer por el Consejo de Ministros, por entender que "se ha vulnerado el principio de lealtad constitucional", y después de que la Junta modificase la semana pasada el decreto sometido a requerimiento de competencias ante el alto tribunal.El presidente andaluz, Manuel Chaves, ayer de viaje en Marraquech, calificó de "muy sectaria" la decisión del Ejecutivo, y añadió que "no habla muy bien de la actitud de un Gobierno que representa a todos los españoles". Chaves dijo que esperaba la noticia y que es "un error" del Gobierno y justificó sus decretos asegurnato que la Junta "sólo ha utilizado las competencias que tiene transferidas" y además paga estos complentos "con fondos propios", informa Lourdes Lucio.

El Ministerio de Trabajo entiende que el TC debe pronunciarse sobre dos cuestiones: si la Junta, presidida por el socialista Manuel Chaves, ha invadido una competencia del Estado con esa subida de pensiones; y si la anulación de un decreto sometido a requerimiento de competencias supone una deslealtad constitucional.

Por ello a partir de la próxima semana se presentarán ante el Tribunal los conflictos de competencias contra los dos decretos de la Junta fechados los pasados 29 de diciembre y 9 de marzo. En el primero de ellos, la Junta aprobaba una subida de las pensiones no contributivas de 9.395 pesetas, en un sólo pago y para todo este año, lo que equivale a 783 pesetas al mes. Inicialmente tenía previsto abonarla en abril, mientras que, en la segunda norma, el Ejecutivo andaluz procedió a modificar parcialmente el decreto de diciembre para adelantar el pago a este mes.

Ese incremento pretende mejorar las pensiones de 107.500 andaluces que no cotizaron los años suficientes para acceder a una pensión contributiva y que cobran 37.950 pesetas al mes. La medida se acompañó de una subida también superior en Andalucía a la del Estado de las pensiones asistenciales. Pero en este caso no se presenta recurso porque el Gobierno reconoce que entran dentro de las competencias autonómicas, como parte de la política asistencial.

En las pensiones no contributivas, el criterio del Ejecutivo es que forman parte de la Seguridad Social, su cuantía es decidida por las Cortes y cualquier decisión tomada fuera de ellas quiebra los principios de caja única y de igualdad entre todos los ciudadanos.

Esos argumentos se esgrimirán en uno de los conflictos de competencias. En el segundo, el Gobierno planteará que la modificación del decreto de diciembre, variando su entrada en vigor, "pretende evitar que la resolución del TC pueda afectar a la decisión de la Junta", según afirmó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes. También subrayó "los tintes electoralistas" de la subida, que se produce semanas antes de la campaña de las municipales.

En los recursos se pedirá al TC que suspenda de manera automática los acuerdos de la Junta en tanto sentencia. Sin embargo, el Gobierno andaluz ya está pagando la ayuda de 9.395 pesetas a las pensiones no contributivas. Esta decisión ha provocado una agria polémica en Andalucía, ya que el Gabinete de Chaves no hizo público el segundo decreto.

El consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, señaló ayer en Jaén que el Ejecutivo debe explicar los "motivos políticos" del recurso porque, según él, los abogados del Estado entienden que no hay suficientes razones para recurrir, informa Concha Araújo.

Saldaña añadió que si el TC admite las tesis del Gobierno no serán los pensionistas los que devuelvan el dinero. "Será una responsabilidad política de aquellos que tomamos la decisión". El PSOE andaluz calificó ayer que el recurso de "atentado gravísimo" contra el Estatuto de Andalucía.