La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará, a instancias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se revise la situación laboral de 75 terroristas de ETA o del GRAPO, que fueron condenados en su día y que ya se encuentran en libertad, para que hagan frente a las indemnizaciones que les fueron impuestas y que la AVT cifra en 1.600 millones de pesetas.La medida afecta a 56 condenados por su vinculación a ETA y a 19 por pertenecer a los GRAPO. La AVT pretende que se revise la situación de cada uno de ellos, aunque se trate de reinsertados, para que se les embargue la parte del sueldo que corresponda para pagar las indemnizaciones que deben.

Uno de los casos más llamativos es el del portavoz de Euskal Herritarrok, Arnaldo Otegi, que adeuda 100.000 pesetas.