Responsabilidad por las dilaciones injustificadas de la justicia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un espectador privilegiado de las numerosas dilaciones de los jueces. Además de que las encuestas señalan el alto número de retrasos apreciados por los ciudadanos y que la estadística judicial apunta hacia unas abultadas bolsas de atrasos, el CGPJ, en los informes que emite sobre los expedientes de anormal funcionamiento judicial, constata una gran mayoría de retrasos. En 1998, en un solo pleno, el CGPJ apreció una veintena de dilaciones judiciales, de las que resumimos las más destacadas.18 años de retraso. Un juicio civil ante un juzgado de Marbella, iniciado en 1977, no se resolvió por sentencia hasta 1995, casi 18 años después. Se produjo "retraso injustificado".
Absuelto por 14 años de demora. El policía que en una madrugada de 1982 entró al Club Las Amigas, de Hospitalet de Llobregat, discutió con el marido de la dueña y le disparó con su arma, causándole lesiones que tardaron en curar 650 días, no fue juzgado hasta 1996. Fue absuelto por prescripción del delito. El CGPJ estimó que no había elemento que justificara "razonablemente dicha dilación".
El Supremo también tarda. La Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tardó dos años y 10 meses en resolver el recurso de un particular contra los acuerdos del Consejo de Ministros que en 1990 desestimaron una reclamación de daños y perjuicios en un asunto urbanístico que arrancaba desde 1981. Aunque el Supremo dio la razón al recurrente, éste reclamó y el CGPJ constató que el retraso fue "anormal".
Un inválido no cobra tras 6 años. Un ciudadano declarado inválido permanente tras ser atropellado en 1991 en Coslada seguía en 1997 sin percibir indemnización. Primero no aparecía la denuncia en el juzgado, después la registraron como lesiones del conductor y más tarde los autos fueron tirados a la basura, por error. El inválido pide 8,7 millones y el CGPJ reconoce que hubo "descontrol" y "funcionamiento anormal".
Un año para pagar dos millones. La víctima de un accidente de tráfico demandó ante el juzgado de Güimar a dos aseguradoras, para que le indemnizaran por las lesiones padecidas. En octubre de 1995, una de las compañías depositó 2,1 millones de pesetas en la cuenta del juzgado, cantidad que no fue entregada a la demandante hasta noviembre de 1996. El CGPJ aprecia "retraso injustificado".
