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viernes, 8 de enero de 1999
Editorial:

Gil, en prisión

EL PROMOTOR inmobiliario Jesús Gil y Gil, que es también alcalde de Marbella, presidente de un partido llamado GIL y de un conocido club de fútbol, ingresó ayer en prisión por orden del juez que investiga su presunta relación con sendos delitos de malversación de fondos y falsedad en documento público. La permanente confusión entre las diferentes ocupaciones de Gil ha marcado su trayectoria desde hace años. Ahora parece que el juez tiene indicios de que esa confusión ha encubierto comportamientos delictivos. Las acusaciones guardan relación con la contratación que el alcalde Gil hizo con el empresario Gil, propietario del Atlético de Madrid, para que los jugadores de ese club lucieran en sus camisetas el nombre de la bella ciudad malagueña como publicidad. Los socialistas presentaron en 1996 una denuncia por considerar ilegal que un alcalde pueda contratar un servicio, en este caso de publicidad, con una empresa de su propiedad. En un informe redactado en 1995, el interventor municipal ya constató que los primeros 450 millones pagados al club no se habían consignado en las cuentas municipales.

Como resultado de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, en octubre pasado se ordenó el registro judicial de las oficinas del club y la intervención en el Ayuntamiento de documentación que relacionara al municipio con el Atlético de Madrid. Se supone que la orden de prisión es la consecuencia del análisis de tales documentos. Según trascendió ayer, el fiscal del caso acusa a Gil de haber falsificado a posteriori, en 1995, los contratos correspondientes a las temporadas 1991-1992 y 1992-1993, por un importe de 450 millones de pesetas.

Ciertamente, no parece muy legal que contratador y contratado sean la misma persona cuando el primero actúa como cargo público. Es posible que Gil se limitara a aplicar a las relaciones entre el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid la misma aparente confusión que, desde que accedió a la presidencia, preside las relaciones entre las cuentas del club y las de otras actividades privadas del presidente. Sin que tal cosa presuponga un intento de lucrarse, esa confusión es ya bastante discutible, porque un club de fútbol es algo más que una sociedad mercantil privada.

Pero la cosa es mucho más grave cuando los fondos que se utilizan son públicos. Ser alcalde, no equivale a ser propietario de un municipio. Gil se defendió diciendo que el contrato era muy beneficioso para Marbella porque había empresas que ofrecían más dinero para figurar en las camisetas, pero eso no prueba la necesidad de esa singular publicidad para el municipio a través de una empresa presidida por el alcalde.

En su día Gil afirmó que la orden de registro de octubre fue una venganza ordenada por el Gobierno por su intención de presentarse a las elecciones de Ceuta y Melilla. La última palabra la tienen los jueces. Pero al margen de la consistencia de las pruebas en que se basan las acusaciones, la prisión incondicional dictada parece una medida demasiado grave cuando es evidente que no existe riesgo de fuga.

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