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INMIGRACIÓN

La policía de Monforte fichó a 250 magrebíes para "reducir los atracos"

El alcalde de Monforte (Vinalopó Mitjà), Casildo Berenguer, del PSPV, temía que "con tantos atracos cometido por inmigrantes magrebíes" surgiera un brote de racismo en esta localidad de 5.000 habitantes. Para combatir a las supuestas "mafias" de norteafricanos y prevenir una corriente xenófoba, el alcalde tomó una medida expeditiva hace cinco años: "Aprobé un decreto en el que ordené a los guardias [policías locales] que tomasen los datos a todos los extranjeros: dónde trabajaban, dónde vivían...". Siguiendo sus órdenes, los agentes compilaron en un archivo las fichas de 250 ciudadanos magrebíes y gitanos. El Centro de Información de Trabajadores Emigrantes (CITE) del sindicato CC OO -que conoció la existencia de las fichas a través de un informante anónimo- presentará hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia de Alicante. "Este tipo de fichas son ilegales", protesta Juan De Dios, responsable de CC OO en el Vinalopó, "un Ayuntamiento y una policía local no son competentes para llevar a cabo estas actuaciones, confiamos en que la fiscalía depure responsabilidades y tome medidas para que no se repita". Los letrados del sindicato estan estudiando si el fichero puede considerarse un delito contra la intimidad. El artículo 197 del nuevo Código Penal considera delictivo apoderarse de datos reservados de terceros, de carácter personal o familiar, que se hallen registrados en ficheros o cualquier otro tipo de archivos públicos o privados. CC OO precisa que el fichero recoge datos que prueban "cómo se extralimitó el Ayuntamiento" con los inmigrantes y los gitanos. "Algunas fichas incluyen órdenes expeditivas del tipo hay que ir a tal casa y desalojar a los inmigrantes que están allí", denuncia CC OO. Dicen que el Consistorio ordenó a la policía que "echara del municipio" a algunos extranjeros. "Formaron mafias" El alcalde, en el cargo desde 1985, dice que no teme que le tachen de racista. Relata que al principio los magrebíes se comportaban bien y "los vecinos les ayudaban". "Pero llegó un momento", rememora, "en que algunos formaron mafias que les quitaban el dinero a los inmigrantes que trabajaban y aumentaron los atracos". A un vecino "le rompieron la puerta de la casa de campo y le entraron a robar tres veces en un mes". En esa situación era sólo cuestión de tiempo, en su opinión, que la gente "se hartase" y se tomara la justicia por su mano contra los inmigrantes. Entonces, el alcalde redactó el polémico decreto. "Los datos recopilados se los pasamos al Gobierno Civil", sentencia, "también nos ayudaron mucho los de Extranjería y los de Trabajo y la situación mejoró". Aclara que de los 250 fichados sólo había 12 documentados y apenas dos con un contrato de trabajo. El caso guarda una gran similitud con las fichas policiales del Ayuntamiento de Benifaió (La Ribera Alta): un sargento ordenó en 1992 a sus agentes que cachearan, tomaran huellas y fotografiaran a todos los extranjeros que llegaran a la población para archivar sus datos. UGT se querelló hace un año contra el sargento, el alcalde y la secretaria.

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