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viernes, 4 de diciembre de 1998

El Banco Central Hispano perdonó una deuda a Díaz Alperi al ser elegido candidato a la alcaldía

  • EU califica de "trato de favor" el aplazamiento del pago de 20 millone a la Seguridad Social

A la sentencia firme dictada en junio por la Audiencia Provincial, que condena al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, a pagar una deuda bancaria de 18 millones de pesetas no satisfecha en su día por la mercantil Alivacsa, de la que fue administrador único, se sumó ayer una denuncia de EU. La coalición de izquierdas especuló sobre la posibilidad de un trato de favor a Díaz Alperi por parte del Banco Central Hispano al primer edil. Esta entidad le perdonó una deuda superior a los dos millones poco después de ser nominado candidato por el PP a la alcaldía de Alicante.

El pasado empresarial del primer edil empañó el inicio de su andadura municipal, y amenaza con ponerlo contra las cuerdas en la recta final de su mandato. Luis Díaz Alperi tenía una deuda con el Banco Central Hispano que nunca pagó porque la entidad bancaria decidió no litigar por el cobro, según desveló ayer el portavoz municipal de EUPV, José Luis Romero. En noviembre de 1994, Díaz Alperi contrajo una deuda de 2.067.000 pesetas con el banco con motivo de su actividad empresarial. En febrero de 1995, cuando el empresario ya estaba nominado como alcaldable de Alicante por el PP, se declaró insolvente para el pago del débito. El Central Hispano emitió entonces un escrito en el que declaraba su intención de no reclamar el pago, actitud que mantuvo cuando tres meses después Alperi fue nombrado alcalde, y por tanto disponía de una nómina que podría haber sido embargada. Presunta condonación José Luis Romero señaló que esta presunta condonación de la deuda no es sino "un ejemplo más de cómo el alcalde no distingue entre su actividad pública y su actividad privada". El concejal sostiene que Alperi utilizó su condición de presidente de la Cámara de Comercio y candidato con posibilidades de alcanzar la alcaldía para recibir "tratos de favor". "Yo no sé si perdonar una deuda de dos millones de pesetas es una actitud normal en un banco", se preguntó Romero, para luego responderse: "Creo que a cualquier ciudadano que se le pregunte contestará que éste no es el modo habitual de proceder de los bancos". El portavoz de EU fue más allá con sus insinuaciones cuando ligó la decisión del banco de condonar la deuda con las negociaciones que, dos años después, mantuvo la entidad bancaria con el Ayuntamiento para vender un edificio de su propiedad situado en la Rambla de Méndez Núñez por más de 400 millones de pesetas. El Consistorio adquirió a principios de año el bloque de oficinas con la intención de ubicar en sus instalaciones la Casa de la Festa y el Museo de Fogueres, pese a que la operación entrañaba sus dificultades dado que algunas de las viviendas de las plantas superiores estaban habitadas. "No sé si existe alguna relación entre este trato deferente con el alcalde y la compra del edificio", especuló Romero. "Trato de favor" Como "trato de favor" definió también Romero el aplazamiento del pago a la Seguridad Social de 20 millones que la mercantil Alivacsa, en la que Alperi figuraba como administrador único, consiguió en un solo día. La sociedad presidida por el actual alcalde adeudaba esta cantidad por el impago durante dos años de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Cuando se le reclamaron los 20 millones de pesetas, Díaz Alperi presentó una solicitud de aplazamiento del pago que fue contestada en el mismo día con un escrito en el que se le prometía un informe favorable a su petición. "Esto es todo un récord de eficiencia administrativa", ironizó Romero, que añadió que, si se tiene en cuenta que "no se tiene noticia" del pago de la deuda, "Díaz Alperi es autor de un quebranto de 20 millones a la Seguridad Social, a los fondos sufragados con el erario público". La presión que en los últimos días soporta el alcalde de Alicante va en aumento, y a diario los grupos de la oposición exigen al PP su dimisión para "dignificar" la vida pública. Tanto el PSPV como EU y NE consideran que un "personaje" declarado insolvente y que "se ha servido" de los cargos desempeñados para conseguir ventajas para su actividad privada "no puede ser alcalde de la ciudad". El PP mantiene un significativo silencio al respecto.

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