Aniversario constitucional

Teniendo en cuenta la situación de partida, resulta clara una valoración positiva de los veinte años de funcionamiento de la Constitución española que ahora se cumplen. Con todo, este vigésimo aniversario es una excelente ocasión para hacer un repaso a lo que ha supuesto este periodo de vigencia del texto constitucional, los problemas que se arrastran desde su aprobación, sus mejores aportaciones y sus más palpables insuficiencias, así como sus necesidades de actualización más evidentes. El debate que en 1978 más recelos creó fue el relacionado con el título octavo, sobre "la organización territorial del Estado", que tenía que abordar el complejo problema del encaje dentro de una misma organización estatal del conjunto de las nacionalidades diversas que agrupa el territorio al que se dota de constitución, de norma legal e institucional de funcionamiento. La solución de este problema por la que se optó en el texto definitivamente aprobado ha posibilitado una convivencia y un desarrollo de las posibilidades de autogobierno de las "comunidades autónomas" con un margen bastante amplio de satisfacción en términos generales, pero con el mantenimiento del llamado conflicto vasco que no fue convenientemente resuelto como puso en evidencia el hecho de que en el País Vasco el referéndum constitucional no tuviese un respaldo mayoritario. Es en este punto donde se concentra en estos momentos la mayor conveniencia de proceder a una reforma constitucional. La fuerza del modelo constitucional ha sido puesta a prueba en repetidas ocasiones como con el intento de golpe de estado de 1981, con la pervivencia del terrorismo o con la práctica de la guerra sucia y ha resultado vencedora y con un respaldo popular muy mayoritario. Cierto es, al mismo tiempo, que aquellos apartados con una caracterización más social han resultado bastante relegados en su conjunto y que los sucesivos gobiernos no han centrado su actuación en hacer realidad aquellos artículos que hablan del derecho al trabajo, a una pensión digna, a una vivienda adecuada o a una distribución equitativa de la renta. Son asignaturas pendientes sobre las que hay que insistir para ir haciendo realidad aquello del estado social y democrático de derecho. Continúan produciéndose distorsiones en los métodos de representación que convendría mejorar y presiones sobre el ejercicio de ciertos derechos y libertades que se compadecen poco de los preceptos constitucionales respectivos. También son elementos mejorables sobre los que los gobiernos y la ciudadanía hemos de reflexionar de manera participativa y democrática. Pero el nudo gordiano se encuentra situado hoy en el debate sobre la necesidad de reforma de aquellos puntos que se refieren a la configuración territorial y el tratamiento de la "cuestión nacional" . Y resulta bastante claro que en este debate hará falta tanto ánimo de entendimiento como voluntad de resolver el tema con perspectiva de futuro, en un ámbito europeo relativamente estable, y sin prejuicios alarmistas. La federalización de instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, el Senado y el Tribunal Constitucional, el reconocimiento de las soberanías compartidas y de una financiación donde lo solidario no se contradiga con la capacidad de decisión y de recaudación, la posibilidad de llegar a acuerdos estables entre diversas comunidades autónomas, la autoorganización territorial e institucional y la capacidad dialogada y refrendada democráticamente de determinar con libertad el marco de relación de las diversas nacionalidades con el estado son elementos del debate que hay que abordar, precisamente para que, con una reforma adecuada, la Constitución pueda mantener su vigencia.

Pasqual Mollà es diputado de Esquerra Unida-Els Verds.