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Errores

ADOLF BELTRAN Lo dijo Claudio Alba el otro día: "Los errores se pagan". El camionero que permaneció durante casi dos años acusado de haber matado a tres mujeres en Castellón, hasta que confesó esos crímenes el supuesto autor de otras dos muertes, puso más lógica que resentimiento en su declaración. Efectivamente, los errores se pagan, tarde o temprano. Y no es bueno dejar que se acumulen sin responder a sus consecuencias. Puede uno hacerse el loco, como los responsables policiales y el subdelegado del Gobierno que cargaron tres cadáveres sobre las espaldas de Alba, o puede sacar pecho y retar a quienes piden explicaciones, como ha hecho Zaplana, fiel a su estilo bronco, cuando se le han amontonado sobre la mesa escándalos que afectan a consejeros y ex consejeros de su gobierno, a concejales y ex concejales de su partido, a asesores y ex asesores de su confianza. "Si alguien me lo acredita, dimitiré yo mismo mañana", aseguró el presidente de la Generalitat con gesto duro, en alusión a las noticias publicadas sobre la modificación del plan urbanístico de Benicàssim que incluye la recalificación de un terreno asomado al mar cuyo propietario es el titular de Sanidad, Joaquín Farnós. Cometió, así, el líder del PP valenciano una equivocación para salir al paso de otro error. ¿Equivocación? La doctrina oficial da por sentado que los populares nunca se equivocan. Tampoco el consejero de Hacienda, José Luis Olivas, ni, otra vez, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, cuando remiten cartas al alcalde de Benicàssim en las que se describe un alud de proyectos e inversiones, "siempre que la calificación de los terrenos liberados así lo permita"; es decir, siempre que se apruebe la modificación urbanística que, casualmente, permite a Farnós construir un edificio con el doble de volumetría. El Ayuntamiento de Orihuela, la televisión valenciana, el sistema público sanitario, -gracias al triste caso de la hepatitis C, pero también a una gestión, como mínimo, confusa-, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Alicante... Los escenarios del escándalo o de la polémica son variados y en ellos se mueven unos cargos públicos cuya actitud es absolutamente impermeable a la autocrítica. Sólo un director general, debido a la ilegalidad de unas obras en su residencia, y un consejero, Luis Fernando Cartagena, apremiado, según las malas lenguas, por las repercusiones que su caso judicial tendría para gentes más poderosas, han dimitido hasta ahora. Al presidente, parece no quitarle el sueño la sucesión de errores. Él sabrá lo que hace, pero la sensación de que alguien ha extendido una patente de corso conduce, tarde o temprano, al desastre. Sólo hay que esperar.

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