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El Gobierno no quiere que este año haya debate del Estado de las autonomías

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno se opone a la celebración este año del debate sobre el Estado de las autonomías en el Senado. El presidente de la Cámara Alta, Juan Ignacio Barrero, del PP, ha argumentado la celebración de las elecciones vascas, en octubre, y, posteriormente, en la primavera, de los comicios catalanes para eludir esta anual cita parlamentaria. Con esta decisión, el Gobierno y su partido evitan una confrontación política con sus aliados nacionalistas, CiU y el PNV, sobre el modelo de Estado, cuestionado por estos últimos tras la Declaración de Barcelona, de julio, que se reafirmará esta semana en Bilbao.

El debate sobre el Estado de las autonomías, en el que participan el jefe del Gobierno y todos los presidentes autonómicos, se celebra anualmente y se fija al comienzo de la nueva temporada política, según decisión de los grupos parlamentarios del Senado. El debate suele tener como objetivo hacer un balance del estado de las autonomías y en la edición del año anterior se centró en el tema estrella del momento, la financiación autonómica. El Grupo Parlamentario del PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, está soslayando el debate de 1998, de tal manera que el primer partido de la oposición, el PSOE, ha decidido interpelar al Gobierno sobre su celebración en el primer pleno de la Cámara Alta, que se celebrará, tras las vacaciones, el próximo miércoles. El presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero, viene alegando la proximidad de las elecciones autonómicas vascas para evitar la celebración del debate. Y es receptivo a la fórmula sugerida por algunos presidentes autonómicos, entre ellos el de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, partidarios de limitar los debates a dos por legislatura, uno al comienzo y otro al final, a modo de balance.No obstante, la razón de fondo, según admiten fuentes gubernamentales, es evitar la apertura de un conflicto entre el Gobierno y sus socios nacionalistas, CiU y PNV, en un momento especialmente delicado, tras la Declaración de Barcelona, del pasado julio, en el que éstos cuestionaron el modelo constitucional de Estado al pronunciarse por una fórmula confederal. Esta misma semana, en Bilbao, los partidos macionalistas concretarán la Declaración de Barcelona.

No al choque Aznar-Pujol

La celebración del debate del Estado de las autonomías en el Senado quebraría la estrategia del Gobierno, que se ha limitado a capear el pronunciamiento nacionalista con algunas declaraciones críticas sin necesidad de entrar en una confrontación directa en un Parlamento entre José María Aznar y su principal aliado, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que es lo que quiere evitar a toda costa.Esta misma semana, el portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, señalaba que los nacionalistas pretendían con las declaraciones de Barcelona y Bilbao encontrar "una nueva cultura política" porque "no están satisfechos con la forma en que ha sido interpretada y desarrollada la Constitución por los partidos mayoritarios".

Frente a la filosofía confederal, que apuntan los nacionalistas, el Gobierno defiende la vigencia de la actual Constitución y resalta el logro, por esta vía, del mayor grado de descentralización alcanzado por un país europeo. Esta misma semana, el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, reiteraba la doctrina gubernamental al reprochar, en unas manifestaciones de réplica a la Declaración de Barcelona, que los nacionalistas "llevan 21 años diciendo lo mismo, un discurso anquilosado que nada contribuye a la convivencia, injusto y alejado de la realidad", y defendía "el importante grado de estabilidad alcanzado cen el actual modelo".

Rajoy está preocupado por el pronunciamiento nacionalista, al que ahora se une la propuesta de Izquierda Unida (IU), hecha pública esta semana, de capacitar a las comunidades autónomas para celebrar referéndums sobre la autodeterminación en sus respectivos territorios.

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Por su parte, los socialistas son contrarios a la política que está manteniendo el Gobierno de eludir el debate y dar largas al problema.

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