¿Silencio informativo?
La labor del Defensor del Lector se ciñe, sustancialmente, a investigar y resolver las quejas de los lectores sobre los contenidos informativos del periódico. Pero hay veces que estas quejas no atañen a noticias publicadas, sino a otras que no lo han sido y que algún lector juzga que debieron serlo. No se escapa la dificultad que entraña para el Defensor del Lector moverse por terrenos aledaños a una función propia del área redaccional, cual es la valoración y selección de las noticias, es decir, la toma de decisiones cuya finalidad es pergeñar el contenido informativo del periódico de cada día. Siempre hay que que partir de la presunción de que este proceso decisorio se atiene en todos sus pasos a estrictos criterios informativos, conforme a lo que ordena el Estatuto de la Redacción y El Libro de estilo: "El PAÍS rechazará cualquier presión de personas, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses. Esta independencia y la no manipulación de las noticias son una garantía para los derechos de los lectores, cuya salvaguardia constituye la razón última del trabajo profesional".Sirva esta introducción para situar la queja que han enviado a esta sección Carlos Álvarez-Nóvoa, Mariana Cordero, Roberto Quintana, Pedro Álvarez-Ossorio y Juan Motilla, lectores habituales de EL PAÍS, según afirman, y antiguos directivos del Instituto del Teatro de Sevilla. Estos lectores se lamentan de un para ellos extraño silencio informativo de EL PAÍS, edición Andalucía, sobre el conflicto que desde hace casi dos años afecta al Instituto del Teatro de Sevilla en el marco de la reestructuración del teatro público andaluz llevada a cabo por la Consejería de Cultura, y del que ellos fueron actores principales y después víctimas, según señalan. Huelga decir que lo primero que hizo el Defensor del Lector al recibir esta queja fue demandar una respuesta al delegado de EL PAÍS de Andalucía, Román Orozco, y a los periodistas encargados de temas culturales, Juan María Rodríguez y Margot Molina.
En concreto, estos lectores señalan que a partir de noviembre de 1996 la edición andaluza de EL PAÍS dejó de informar del conflicto existente en el Instituto del Teatro de Sevilla, con sus secuelas de dimisiones, nombramientos, expedientes disciplinarios y despidos laborales. Y añaden que el silencio sobre estos hechos, de los que informaron en cambio los restantes medios informativos de Sevilla, les ha causado un daño moral en una doble vertiente: "Por el desencanto de sentirnos defraudados como lectores habituales de EL PAÍS, en cuya independencia queríamos creer, y porque el conflicto en que nos vemos implicados no ha podido ser conocido por quienes nos podían apoyar, como demócratas lectores de este periódico".
¿Qué ha respondido a esto la delegación de EL PAÍS de Andalucía? En síntesis también, lo siguiente: el conflicto del Instituto del Teatro de Sevilla, que afectó a un sector del mismo, constituye un asunto de alcance menor y local, constreñido a Sevilla, y que debe encuadrarse en el contexto de la crisis mucho más general y de mayor calado e interés periodístico que estalló en el Centro Andaluz de Teatro(CAT), el organismo público de teatro andaluz. Dice a este respecto Juan María Rodríguez: "Desde el principio, el periódico concedió mucha más importancia a la crisis global del CAT y esto, en mi opinión, muy justificadamente, pues se trataba de una crisis profunda en el corazón del teatro público andaluz. El conflicto del Instituto del Teatro de Sevilla, que, por otra parte, ya aparecía en el periódico vinculado al del CAT, también fue abordado por el periódico, aunque, ciertamente y debido a la naturaleza regional del diario, éste no pudo dedicar continuamente espacio a los permanentes rifirrafes de declaraciones cruzadas entre responsables de la Consejería de Cultura y del Instituto, enzarzados en una guerra administrativa y sin fin". Y Margot Molina añade: "Las informaciones no dejaron de aparecer en noviembre de 1996, como afirman los cinco profesores, sino que se continuó tratando el tema hasta junio de 1997, cuando la remodelación del Instituto del Teatro se dio por terminada, aunque no la situación particular de cinco de sus profesores. Seguir el conflicto laboral surgido, con sus dimes y diretes, es, en mi opinión, algo que no interesa demasiado a los lectores, ya que se trataba de un problema laboral después de que la Consejería de Cultura decidiera que no tenía sentido mantener un Instituto del Teatro, sin titulación reconocida, en una ciudad en la que la Consejería de Educación ya ofrecía la carrera de Arte Dramático".
Román Orozco, responsable de EL PAÍS, edición Andalucía, resume así la posición del periódico: "Las actividades relacionadas con el teatro y la danza públicas a nivel regional nos parecieron siempre de mayor entidad informativa que los asuntos internos de un instituto sevillano, organismo de rango mucho menor y de carácter local. Los dos periodistas que en su día trataron este asunto consideraron que los problemas internos del instituto sevillano tenían un carácter muy localista para ser asumidos en las páginas regionales de EL PAÍS Andalucía y yo estuve de acuerdo. Desde luego, es una opinión muy subjetiva, como tantas otras en el periodismo, pero que estoy dispuesto a rectificar si se me demostrara lo contrario: que era más importante el problema laboral de cinco profesores que la reestructuración total del Área de Gestión de las Artes Escénicas de Andalucía. Los dos periodistas colaboradores en estos temas coinciden también en otro punto: nunca se les impidió, prohibió o censuró información alguna ni sobre el asunto de los cinco profesores sevillanos ni sobre ningún otro, como sibilinamente parecen dar a entender estos profesores".
El Defensor del Lector acepta, naturalmente, la explicación en el sentido de que es atribución de los responsables del área informativa decidir, de acuerdo con criterios profesionales, qué es o no es noticia a los efectos de su publicación. En este caso, el criterio ha sido que la crisis global del teatro público andaluz tenía más interés informativo que sus secuelas en el Instituto del Teatro de Sevilla. Pero dicho esto, el Defensor del Lector manifiesta:
1. El conflicto del Instituto del Teatro de Sevilla tenía, a su entender, un interés informativo evidente, aunque no alcanzara el nivel de interés requerido para su publicación en las paginas regionales de EL PAÍS de Andalucía.
2. Que unos medios de comunicación, o incluso todos, publiquen una noticia no es razón suficiente, desde criterios profesionales, para que otro medio la publique, pero debe llevar a reflexionar seriamente sobre la decisión de no publicarla.
3. La queja de los lectores era acreedora a una respuesta por parte de la Delegación de EL PAÍS de Andalucía a través de esta sección del Defensor del Lector.
Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.
