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Interior implanta en siete distritos un servicio de denuncias telefónicas

La Dirección General de Policía puso ayer en marcha en Chamberí, Usera, Villa de Vallecas, Arganzuela, Centro, Carabanchel y Puente de Vallecas un nuevo servicio que permite a los vecinos de estos distritos presentar denuncias por teléfono (902 102 112). La iniciativa, de carácter experimental, sólo admite denuncias por daños menores, pérdidas de documentos y robos y hurtos sin violencia. Una vez cumplimentado el parte policial telefónicamente, el afectado ha de ratificarlo en comisaría. Fuentes sindicales y policiales han expresado su malestar ante el hecho de que tanto las operadoras que atienden a los denunciantes como el centro que recoge las llamadas y la infraestructura electrónica del dispositivo estén en manos de una empresa privada (Leader Line, de Argentaria).La presentación del nuevo sistema de denuncia fue presidida en la plaza Mayor por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja; el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón; el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades. En el acto fueron presentados los agentes que se destinarán a la policía de barrio en Centro, Arganzuela, Carabanchel y Puente de Vallecas (con lo que ya cuentan con este servicio siete distritos, los mismos que disponen del sistema de denuncia telefónica). En su discurso, Ruiz-Gallardón pidió policía de barrio para Latina.PASA A LA PÁGINA 5

Las denuncias telefónicas son atendidas por operadoras contratadas por una empresa privada

VIENE DE LA PÁGINA 1 Los principales argumentos en contra del nuevo sistema de denuncia telefónica, formulados por sindicatos policiales como el SUP, proceden de su coste (la denuncia ya no es gratuita, sino que vale aproximadamente igual que una llamada interurbana), de que la toma de datos la efectúen operadoras de una empresa privada que hace negocio con este servicio y, en definitiva, de que no sea un servicio íntegramente formado por la Policía.

Frente a estas críticas, los expertos que han diseñado el nuevo sistema insisten en que se trata de un modelo experimental que, si se hubiese puesto en marcha con medios exclusivamente públicos, aún no habría entrado en funcionamiento (por motivos burocráticos) y habría costado cerca de 1.000 millones de pesetas al erario. "La Administración es una empresa de servicios y hemos de atender al ciudadano lo mejor posible. En la Policía ya trabajan personas que no son agentes, sino auxiliares y personal administrativo. En el caso de las operadoras, si bien son contratadas por una empresa privada, ofrecen, como especialistas que son, un trato exquisito al denunciante. Además, este sistema nos permite que, en caso de un aumento de demanda, podamos responder rápidamente y contratar más operadoras, algo que sería muy lento y costoso si fuesen funcionarios públicos", señaló un experto policial. La Dirección General de Policía destacó que las operadoras y el centro de recepción (ubicado en la sede de la empresa, en la avenida de los Poblados) están bajo control policial. "Y no hay posibilidad de que la empresa se haga con los datos, porque una vez que la operadora ha cumplimentado el parte, hace una réplica que envía al Centro de Datos de El Escorial . El original se destruye y la copia queda en nuestras manos. La confidencialidad está garantizada", añadió el citado experto.

Una vez presentada por teléfono la denuncia, el afectado elige la comisaría a la que le conviene acudir para ratificarla. La Policía recomienda que este paso se efectúe lo más rápidamente posible. "Hasta que no se firma una denuncia, ésta carece de validez. Perder tiempo significa perder eficacia, y esto es especialmente grave en el caso de los robos de coches", indicaron fuentes policiales, quienes subrayaron que entre los casos denunciables por teléfono (véase gráfico) no figuran aquellos en los que se haya ejercido violencia o intimidación contra la persona y, por tanto, sea fundamental el reconocimiento.

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Sobre la firma

Jan Martínez Ahrens
Director de EL PAÍS-América. Fue director adjunto en Madrid y corresponsal jefe en EE UU y México. En 2017, el Club de Prensa Internacional le dio el premio al mejor corresponsal. Participó en Wikileaks, Los papeles de Guantánamo y Chinaleaks. Ldo. en Filosofía, máster en Periodismo y PDD por el IESE, fue alumno de García Márquez en FNPI.

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