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lunes, 27 de abril de 1998
Editorial:

¡Qué desastre!

EL VERTIDO de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas en el río Guadiamar, que comunica con el área protegida del Coto de Doñana, es una catástrofe ecológica de grandes dimensiones, aunque los trabajos intensivos de la madrugada del domingo lograran desviar el torrente de agua tóxica hacia el Guadalquivir y evitar así la contaminación de la zona protegida del parque, lo cierto es que la muerte negra ha contaminado 4.800 hectáreas de cultivos agrícolas, 20 kilómetros de cauce del río Guadiamar están envenenados y ya se verá la magnitud de los daños en el Guadalquivir. «Doñana se ha salvado», aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, pero en condiciones tan precarias que destruyen la credibilidad que la opinión pública pueda tener en la capacidad administrativa y empresarial para evitar catástrofes de esta naturaleza. Aseguran que la riada de muerte negra, saturada de metales pesados procedentes de la extracción y lavado de las minas de Aznalcóllar, propiedad de la firma Boliden, fue originado por un «movimiento de tierras» que rompió la presa de contención que embalsaba el agua letal. Casi todo en este caso, como suele suceder al principio en este tipo de desgracias, son incógnitas. ¿Se hizo un estudio geológico exhaustivo de la localización de la presa para determinar el riesgo de este tipo de fallas? ¿Cómo es posible mantener a 40 kilómetros de distancia del preparque o zona anterior a Doñana una bomba tan destructiva para el sistema ecológico? ¿Depuraba Boliden el agua contaminada al ritmo adecuado o se limitaba a embalsarla sin más? Estas y otras preguntas deberán responderse en el momento en que se aclare judicial y administrativamente el terrible accidente. Doñana no es un prado cualquiera, sino la imagen pública más conocida de parques protegidos en España.

La ministra anunció que denunciará a la multinacional sueca como responsable de la catástrofe. A esa denuncia se sumará probablemente la de la Junta de Andalucía. La investigación judicial debe determinar con exactitud y sin vacilaciones las responsabilidades civiles y penales del desastre. Pero la Administración, sea el Gobierno central o el autónomo, también tienen importantes responsabilidades de las que dar cuenta. Porque la riada de muerte que ha envenenado las proximidades de Doñana no es un acontecimiento fortuito o imprevisible; se podía haber evitado probablemente con exámenes menos rutinarios de las condiciones de la presa y con exigencias más severas a la compañía explotadora de Aznalcóllar. Aunque eso sea más difícil de conseguir que las declaraciones agradecidas sobre los compromisos con la ecología y demás buenas intenciones.

Sería bueno que, al menos, este desastre ecológico sirva para que la opinión pública conozca quién tiene las responsabilidades sobre este desastre, cuidadosamente dispersas entre organismos nacionales y autonómicos, que dificultan la atribución del papel jugado por cada uno en tan fatales acontecimientos.

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