La quiebra de la solidaridad
Empecemos por decir que CC OO no niega que las comunidades autónomas tengan un mayor grado de responsabilidad en asuntos que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos. En este sentido se realizan actuaciones que consideramos positivas: la colaboración de los Servicios Integrados para el Empleo con el Instituto Nacional de Empleo (Inem) en el desarrollo de políticas activas ligadas al territorio, o territorialización del Inem hacia un servicio público eficaz que incentive las iniciativas locales. Lo que sí rechazamos es que se presione con que la transferencia del Inem incluya la recaudación de la cuota de formación profesional, ya que esta pretensión supondría la fragmentación de los recursos disponibles para el desarrollo de políticas de formación profesional del conjunto de los trabajadores y la quiebra de un modelo sustentado en la negociación colectiva y orientado desde pautas de solidaridad interregional.Pero, ¿qué es la cuota de formación profesional? ¿Qué se pretende cuando se reclama la recaudación y gestión de esa cuota?
La cuota de formación profesional procede de las aportaciones que trabajadores y empresas realizan a la Seguridad Social como parte de sus cotizaciones en concepto de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo. Del total del 1,70% de esa contribución -calculada sobre la masa salarial- el 0,70% se destina a la financiación de dos modalidades de formación profesional: la formación ocupacional para parados y la dirigida a trabajadores ocupados (la formación continua en las empresas). Estos recursos se complementan con los fondos provenientes de los programas del Fondo Social Europeo. Hablamos de 150.000 millones de pesetas recaudados de las nóminas de los trabajadores ocupados.
Nos encontramos ante una cuota de carácter solidario entre trabajadores y entre sectores productivos -por tanto, no bloqueada en los ámbitos de las comunidades autónomas-, y que al ser gestionada desde lógicas redistributivas contribuye, sin lugar a dudas, al desarrollo de una sociedad más justa y cohesionada.
Precisamente, para garantizar este objetivo, los Acuerdos de Formación Profesional alcanzados entre Gobierno y agentes sociales en diciembre de 1996, aseguran "la unidad de caja de la cuota de formación profesional [ ... ] y el mantenimiento a nivel estatal del control de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional".
Los que reclaman la recaudación de la cuota de formación profesional no pretenden una respuesta más eficaz al paro y la marginación, sino consolidar sus particulares proyectos políticos al margen del interés general. El PNV olvida quiénes cotizan esa cuota y para qué. No han empleado ni un solo minuto en hablar con los sindicatos para definir ese servicio público que pretenden organizar con la transferencia del Inem. Invaden desde la política uno de los instrumentos clave de la solidaridad de los trabajadores asimilando sus cotizaciones a un impuesto e intentando aplicar la lógica del concierto económico. Así se entiende que no se acepte la transferencia del Inem. en términos similares a los de otras comunidades, dejando a un lado la atención a los más de 200.000 desempleados que, en estos momentos, hay en Euskadi.
CC OO piensa que la solidaridad no está bien articulada. Por eso apostamos por la modificación del Consejo General de la Formación Profesional dando entrada a todas las comunidades autónomas. En este Consejo se discuten, en la actualidad, los contenidos del II Programa Nacional de Formación Profesional, que tendrá como finalidad la coordinación de las políticas de formación, buscando la coherencia de las cualificaciones profesionales que dan los subsistemas de formación profesional con las competencias profesionales que pide el sistema productivo. Parece que debería ser en ese ámbito (en el que están representadas las distintas Administraciones y los interlocutores sociales) donde se elaboraran las políticas de formación profesional para trabajadores y empresas de este país, desde la vocación de mantener la unidad de todas las ensenanzas profesionales y delimitando la ordenación de competencias de las distintas Administraciones públicas y de los agentes sociales.
CC OO defiende la unidad de caja de los fondos de formación profesional porque entiende la importancia creciente que ocupa la formación en todos los aspectos que afectan al empleo, la competitividad de las empresas y al modelo de sociedad en definitiva. Por ello propone un sistema de formación que asegure la igualdad de acceso a una formación profesional reconocida y de calidad; que facilite oportunidades de formación a lo largo de toda la vida; que comprometa la correspondencia entre titulaciones académicas y profesionales y que garantice el derecho de los trabajadores y trabajadoras a participar en las decisiones de la empresa sobre la formación.
Defendemos un modelo de formación articulado sectorialmente, ligado a los perfiles Profesionales definidos en la negociación colectiva y, en consecuencia , un sistema nacional de cualificaciones. De esta forma se facilitará la inserción o reinserción laboral. La formación de trabajadores, especialmente en el marco de la Unión Europea, debe permitir su movilidad, y los sistemas de formación y de cualificaciones cerrados no tienen sentido, sobre todo mirando hacia los cambios tecnológicos y la globalización.
Desde el PNV y otras instancias se pretende contaminar la controversia. No se aporta ningún argumento de entidad en términos de formación. Se trata de revolver las aguas con debates acerca de si la cuota de formación profesional es o no un recurso intangible de la ,Seguridad Social, de despistar con fuegos de artificio sobre la buena disposición a establecer con el Estado los mecanismos necesarios para garantizar una coordinación solidaria de los fondos y, finalmente, se trata una vez más de acusar insidiosamente a las organizaciones sindicales y empresariales de tener objetivos oscuros por defender este modelo de formación de los trabajadores.
Desde la constitución de Forcem en 1993 hemos asistido, año tras año, a acusaciones nunca formalizadas y a anuncios sobre informes y auditorías de infarto relativas a la gestión de la fundación. La contumacia de estas acusaciones, a estas alturas, supone un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, que no entienden que, después de cuatro años de gestión rigurosamente intervenida interna y externamente por todos los instrumentos de control (propios, del Estado, de la Unión Europea) habidos y por haber, las irregularidades publicadas no se concreten en nada. Éste y no otro es el tema recurrente y significativo de los que defienden intereses particulares.
El vicelehendakari Ibarretxe debiera preocuparse más de dotar de transparencia y respeto a la legalidad las actuaciones de la Fundación Vasca para la Formación (Hobetuz). A casi dos años de su constitución la única convocatoria publicada y resuelta está recurrida judicialmente por discriminatoria, excluyente y arbitraria.Y la convocatoria de 1997, aún pendiente de resolución, también está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y además debiera analizar por qué desde Euskadi se dirigen
más peticiones de ayudas para la formación a Forcem que a Hobetuz.
Damos por supuesto que desde su conservadurismo político no le importa que los trabajadores vascos tengan menor participación en las decisiones que se adopten en sus empresas o menores oportunidades de formación (no podrán optar a los permisos individuales de formación, por ejemplo) y que sean conscientes de las dificultades que encontrarán para el reconocimiento de sus cualificaciones y titulaciones.
Las empresas y trabajadores vascos conocen que mientras unos pretendemos sumar esfuerzos, incluso territorializando más la formación para mejorar el empleo, otros nos hacen sospechar que simplemente preparan las próximas elecciones.
