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Mauricio denuncia presiones del Banco Santander al Gobierno canario

Javier Casqueiro

La frustrada adquisición de una sede de lujo para el Ejecutivo canario en Madrid ha dinamitado la paz pactada entre los distintos sectores de los partidos que forman la coalición de gobierno en las islas. Coalición Canaria y el PP están divididos sobre la virtualidad de esta desproporcionada operación inmobiliaria, que iba a suponer una inversión de 3.200 millones de pesetas. La compra del edificio del Banco Santander ya no se hará. Izquierda Canaria, una de las formaciones que integran CC, la representada por su portavoz en el Congreso, José Carlos Mauricio, ha convencido a su socio de coalición para anular este "dispendio innecesario".

Mauricio acusó ayer al Banco Santander de "querer convertir las islas en un botín", en referencia a varias actuaciones patrocinadas por la entidad que preside Emilio Botín. Afirmó incluso que CC está recibiendo presiones para seguir adelante con la compra de la antigua sede del Santander en la madrileña calle de Alcalá, porque en caso contrario el Gobierno autónomo debería abonar 1.000 millones de indemnización.Fuentes oficiales del Banco Santander dijeron que no querían contestar a Mauricio. No obstante, precisaron que como cualquier sociedad mercantil, aspiran a que se cumplan los contratos y las condiciones firmadas en una escritura pública. A buen entendedor, esto quiere decir que, efectivamente, el banco podría reclamar las indemnizaciones y demás costes de un contrato que se rescinde.

José Carlos Mauricio achacó ayer toda la culpa de esta polémica operación a las ansias irrefrenables del Santander por actuar en Canarias como si fuera "una república bananera", y señaló a un miembro de su Gobierno autónomo, Francisco de la Barreda, del Partido Popular, consejero de Industria y ex director de zona del Santander.

La adquisición de la sede del Santander de la calle de Alcalá, con 9.200 metros cuadrados en la milla de oro madrileña, se abordó en un Consejo de Gobierno de Canarias en julio, de improviso y sin suministrar toda la información del proyecto a los socios de la coalición. Al PSOE en la oposición, que en principio no cuestionó la idea, tampoco se le facilitaron demasiados datos.

El propio PP Canario está en este caso en una disyuntiva. Uno de sus cuatro consejeros en el Gobierno, Francisco de la Barreda, apoyó totalmente la compra. Otro ex consejero, Ignacio González, hijo del ex dirigente del PP en Canarias implicado en el caso de las polémicas primas únicas del Banco Santander, fue su principal promotor. El padre de Ignacio González tuvo en aquella época como asesor en el Santander precisamente a De la Barreda.

Ahora el PP no las tiene todas consigo. Su actual presidente, José Miguel Bravo de Laguna, y alguno de sus seguidores, no lo suscriben en absoluto, según fuentes del partido. En cualquier caso, los cuatro miembros del PP en el Gobierno autónomo ya se han quedado en minoría, porque los seis consejeros de CC están por la labor de echarse atrás.

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Mauricio relató en el Congreso que tanto su partido como el Gobierno canario están siendo presionados por el Santander para reconsiderar esta postura. Así considera el hecho de que el banco les esté amenazando con cobrar los 1.000 millones de indemnización pactados cuando se firmó el contrato de compraventa. El Gobierno canario llegó a adelantar una pequeña cantidad a fondo perdido para afrontar los primeros trámites de la compra, pero no ha "recepcionado" oficialmente el inmueble y ya no tiene intención de seguir adelante.

Para Mauricio, este comportamiento del Santander en Canarias no es nuevo. El portavoz de CC recuerda problemas entre los partidos aliados en el Ejecutivo autonómico y este banco con una macro operación inmobiliaria que se planteó dentro de una zona protegida; también con la intención de la multinacional Alcampo de instalar un centro en Telde que abriría el mercado de las grandes superficies de alimentación copado por el Santander, y también con la decisión de la Universidad de Canarias de cambiar sus cuentas de la caja local a la entidad de Botín.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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