Gorriarán, acusado de querer disolver el ejército y la democracia en Argentina
La derogación de la Ley de Obediencia Debida, que exculpó penalmente a los mandos implicados en el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura castrense (1976-1983), y el posterior enjuiciamiento de los comandantes de las juntas militares por tribunales populares eran dos de los objetivos de los asaltantes del cuartel de La Tablada. Según los dos fiscales del Estado encargados de la inculpación de Enrique Gorriarán, el jefe del Movimiento Todos por la Patria (MTP), y organizador del ataque de 1989 al regimiento bonaerense, hubiera disuelto el ejército y cancelado la democracia.
Los fiscales piden cadena -perpetua para Gorriarán, de 55 anos, que ha sido el último histórico de la guerrilla latinoamericana, e igual condena para su ex esposa, Ana Sivori. La intención última de los aproximadamente 60 asaltantes, "y nefasta por cierto", afirmó la acusación, fue el derrocamiento del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) mediante la toma de la unidad y el despliegue de sus carros de combate frente a la casa de Gobierno, que hubieran cañoneado y ocupado después "con parte del pueblo"..De acuerdo con la documentación acusatoria, de haber logrado la expulsión del presidente, Enrique Gorriarán Merlo hubiera cambiado la Constitución, suspendido el sistema democrático y la división de poderes, y después lanzado un plan de Gobierno con expropiación de bienes, . prohibición de despidos, eliminación del presupuesto militar y finalmente la disolución del Ejército y su sustitución por milicias populares. No quedaba allí el supuesto decretazo revolucionano mencionado por los representantes de la Fiscalía del Estado. Gorriarán se disponía a arrastrar a las masas mediante aumentos salariales, congelamiento de precios y alquileres de viviendas, reducción de las tasas de interés, establecimiento de la justicia popular, eliminación de las jubilaciones de privilegio, implantación de un seguro de desempleo de amplia cobertura, nacionalización de la banca y comercio interior y penas de hasta 20 años de prisión para los especuladores.
