Militares

Soy teniente coronel de Infantería y finalicé mi periodo de formación en 1975. Con más de 20 años de ejercicio profesional, comparto con la mayoría de los oficiales y suboficiales de las FF AA la circunstancia de haber entrado a formar parte de ellas en las postrimerías de un sistema político, y los primeros años de la democracia española. Para la mayoría de nosotros, por experiencia vital, formación y vocación, no ha habido otras reglas de convivencia que las recogidas en la Constitución de 1978.No sé cuántos grupos sociales podrán decir lo mismo. La sociedad ejerce con frecuencia un consciente o inconsciente ejercicio de catarsis y muchos creadores de opinión se sienten confortablemente instalados e n el lado considerado políticamente correcto de las cosas. Esto parece exigir, para su propio reconocimiento, la identificación de los últimos reductos de la perversión.

El sargento primero Juan Carlos Miravete fue procesado en 1985 y condenado a un año de prisión menor y al pago de una indemnización. En aplicación de los beneficios contenidos en el Código Penal mantuvo el derecho a seguir ejerciendo su profesión sin más accesorias que las impuestas por los jueces. Trece años después ha vuelto a defraudar la confianza que la sociedad puso en él y el cabo Samuel Ferrer ha perdido la vida.

No es posible expresar más que estupor y rechazo. Máxime cuando el implicado tenía por principal obligación la tutela de la seguridad de los hombres puestos bajo su mando, y su protagonismo en los hechos fue ejercido prevaliéndose de una posición de superioridad que le había sido conferida exclusivamente para ser usada en beneficio de las misiones que la Constitución española asigna a los ejércitos.

Sin embargo, estos hechos han servido para destapar el frasco de esencias que me atrevería a calificar de predemocráticas. Los profesionales del Ejército se han visto acusados de casi todo e, incluso, se ha presentado la elusión de prisión por los hechos de 1984 como una muestra más del corporativismo militar.

En este contexto y en el del empecinamiento en negarse a considerar a los ejércitos definitivamente como parte del cuerpo social, con los mismos defectos y virtudes que los de la sociedad de que se nutren, es en el que hay que entender los esfuerzos de muchos tertulianos para presentar los hechos como una prueba de que actuaciones relevantes en el exterior, como en Bosnia, no eran más que un mero espejismo.

Las operaciones de ayuda humanitaria han supuesto, efectivamente, una operación de liffing para la imagen de las Fuerzas Armadas, pero, en este caso, sólo para adecuarla a un cuerpo moderno, joven y renovado como consecuencia del proceso natural de las cosas. Para España, supusieron la oportunidad de demostrar una capacidad adquirida antes para cumplir las misiones que les pudiesen ser encomendadas.

La adopción de iniciativas legislativas que impidan o dificulten la repetición de sucesos como los comentados al principio tendrá en los ejércitos entusiastas apoyos. Pero hay que evitar trasladar a los administrados la responsabilidad única de la reforma, que no les corresponde, en analogía con lo que sucede con la Administración civil del Estado.

Digo esto porque ciertas dosis de provincianismo en muchos de los comentarios oídos estos días han privado a nuestros hombres en la antigua Yugoslavia y Albania, por ejemplo, de su principal arma: el apoyo de su sociedad.

Los militares españoles hemos dado un salto de gigante en las últimas décadas. Conceptualmente, a muchos de nosotros se nos quedó pequeño hace años el siglo XX y buscamos nuestras referencias en lo que esperamos del próximo siglo. Creemos en la importancia del marco jurídico que conforma la Constitución española de 1978 y el resto de las leyes y, en respeto a las mismas, somos capaces, por ejemplo con ocasión de atentados de terrorismo con víctimas mortales, de remitimos, sobreponiéndonos al lógico dolor, al más escrupuloso respeto a lo legislado.

Aun a costa todavía de ser malinterpretado, hay que decir, en relación a sucesos como los de Candanchú, que parecen poco meditados los llamamientos a la aplicación de procedimientos sumariales de corrección, más propios de sociedades que buscan en a ira la convicción necesaria para promover iniciativas legislativas que de aquellas otras convencidas de la necesidad de solucionar, desde la serenidad, las carencias normativas que hayan quedado en evidencia, por muy dolorosos que hayan sido los hechos que han manifestado esas carencias.

Pero es más preocupante el anuncio de la reapertura de la brecha entre Ejército y sociedad. Para los que ya consideran que el uniforme no constituye más que una circunstancia de una parte del cuerpo social -que no da la exclusiva del interés por las cuestiones de Defensa ni sobre los símbolos nacionales, por subrayar lo más notorio-, el hacer depender de actitudes individuales el reconocimiento de las FF AA no puede conducir sino a la impotencia y desesperanza.

La experiencia internacional y, fundamentalmente, el deseo de la propia institución militar de hacerse acreedores a los mismos derechos que se reconocen a otros ciudadanos, han propiciado una rapidísima evolución incluso, en algunos casos, por delante de otras instituciones.

Para muchos militares, demonios familiares como los sucesos del 23-F, abusos de autoridad, novatadas, etcétera, que han sido desenterrados con motivo de los últimos acontecimientos son difícilmente reconocibles en su entorno inmediato. Nuestra sociedad debería acometer una profunda revisión de los mecanismos que hacen aflorar tics propios de épocas que son las que se pretende, paradójicamente, denunciar, y considerar la oportunidad de someter periódicamente a la vergüenza pública a quienes por derecho, formación y vocación desempeñan, eso sí, de uniforme, idénticos roles sociales que el resto de sus conciudadanos.

Juan Domingo Guerra está destinado en el gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército.