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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Superman viste toga

FRENTE A los intentos de la ministra de Justicia y del presidente del Consejo del Poder Judicial de minimizar la crisis de la Audiencia Nacional, el presidente del Congreso, Féderico Trillo, ha aprovechado que la atención pública se dirigía hacia ese órgano jurisdiccional para cuestionar algunos aspectos de su funcionamiento y proponer su eventual reforma en el marco de un debate más general sobre el poder judicial. La sintonía entre sus declaraciones y los comentarios posteriores de políticos como Almunia, De Grandes o López Garrido invitan a suponer que Trillo expresaba opiniones sobre las que había sondeado a los principales grupos de la Cámara. Sin embargo, el posterior desmarque del presidente Aznar indica que el Gobierno no está dispuesto a plantear ahora esta cuestión.No es una nimiedad que el organismo judicial en cuyas manos están algunos de los asuntos penales de mayor trascendencia pública -del caso Banesto a los GAL y todos los de ETA- proyecte una imagen de inmadurez y personalismo como la que se desprende de ciertas actuaciones de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Sería un error, sin embargo, plantear la cuestión en términos de legalidad. Aunque ha habido algunas irregularidades llamativas, el problema no es de legalidad. Salvo en el caso de Moreiras, que ya fue expulsado de su juzgado. Lo verdaderamente preocupante es la inclinación de algunos a elegir siempre, de entre las varias posibilidades que les ofrece la ley, aquella que tiene más posibilidades de convertirse en noticia espectacular (y si se supone que puede tener efectos desestabilizadores sobre el sistema político, con mayor motivo).

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Más concretamente, lo que se advierte es una tendencia a elegir la decisión que tenga más posibilidades de convertirse en noticia palpitante -con halago incluido al valeroso juez o fiscal- por determinados medios de comunicación. A veces será inevitable recurrir a determinadas medidas: prisión provisional, fijación de una fianza astronómica, llamar a declarar a determinado personaje. Pero otras se hace pasar por imprescindible lo que no es sino una posibilidad entre varias.

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La prueba de que Trillo ha puesto el dedo en la llaga es que los mismos que le jaleaban cuando -decía desde la oposición cosas como que el nuevo Código Penal serviría "para que no vayan a la cárcel los amigos de Felipe González" ahora lo crucifican como cómplice de la campana para que no se esclarezca el caso GAL Lo que 'ha venido a decir Trillo es que la combinación entre la acumulación de poder que se produce en la Audiencia Nacional y las tendencias exhibicionistas de ciertos magistrados produce efectos contrarios a la discreción que siempre se ha considerado consustancial a la función jurisdiccional. El presidente del Congreso ha ilustrado esa idea contraponiendo la imagen de la justicia como "diosa ciega" con la de émulos de Supermán (capaz de ver a través de las paredes) que atribuye a algunos jueces y fiscales.

La Audiencia Nacional se justificó en su día por la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional que instruyera y juzgara los delitos de terrorismo a resguardo de los climas de opinión locales y otras formas de presión. Es difícil discutir aun hoy esa necesidad, extendible también a los delitos de narcotráfico y otras bandas organizadas. Más dudoso es que tenga también que ocuparse de los delitos económicos y monetarios. Ciertas conexiones subterráneas entre casos como el de Mario Conde y el de los GAL se ven favorecidas por esa acumulación de poder en un mismo órgano jurisdiccional. Una reforma que limitase las competencias de la Audiencia podría ser considerada, aunque puede ser cierto, como dijo ayer Aznar, que no sea éste el mejor momento para abordar, en plena ebullición de los casos GAL y Banesto, un debate serio y sereno.

La cuestión principal sigue siendo cómo evitar que el mal de altura llegue a marear a algunos jueces instructores cuando los casos que deben investigar son por definición de gran interés social. Una reforma del sistema de acceso (equiparándolo quizá al establecido para el Supremo) podría evitar que el criterio único de la antigüedad diera paso a jueces como Moreiras. Sería deseable que, cualquiera que fuera su opinión sobre sí mismos, los jueces de la Audiencia imitasen más en su actividad profesional a Clark Kent que a la segunda identidad de ese personaje.

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