El Gobierno conservador francés negocia por primera vez con los emigrantes africanos en huelga de hambre
Los 300 africanos sin papeles encerrados en la iglesia de Saint-Bernard, en París, han logrado al fin que el Gobierno les mire a los ojos. El primer ministro, Alain Juppé, acortó sus vacaciones y reunió ayer a nueve ministros afectados por el caso, de Interior a Asuntos Sociales pasando por Justicia o Acción Humanitaria, y ordenó al titular del Ministerio del Interior, Jean Louis Debré, que recibiese de inmediato a Ababacar Diop, el portavoz de quienes el día antes eran descritos por Debré como "alborotadores" o "violadores de la ley que yo aplico".
Ababacar Diop, senegalés, ex futbolista, informático, vive en Francia desde 1988, pero las leyes Pasqua de 1994 le han convertido en un clandestino. Salpica sus declaraciones con citas de Descartes o Victor Hugo y, lo que es más doloroso, de frases entresacadas del programa electoral del presidente Jacques Chirac: "Una Francia para todos". Ayer, al llegar a la puerta del Ministerio del Interior, un periodista le recordó que Jean-Louis Debré había declarado hace menos de cuatro días que "negociar sería una cobardía". Diop, siempre colgado de su teléfono portátil, optó por sonreír y no responder. Luego, una vez finalizada la entrevista, se limitó a comunicar a la prensa que los 10 huelguistas de hambre, incluido el hospitalizado anteayer, persistían en su negativa a alimentarse: "Seguimos en el punto cero".El Gobierno, víctima de un radicalismo verbal que no ha ido acompañado de acción alguna, ha visto como en el asunto de los emigrantes ilegalizados perdía la batalla de la opinión pública. Ahora, cuando un 56% de los franceses quiere que el Gobierno negocie, éste intenta recuperar la iniciativa haciendo concesiones y buscando en quién descargar responsabilidades. Ayer, Interior pidió un dictamen al Consejo de Estado sobre este caso.
Las llamadas leyes Pasqua han creado un vacío legal en ciertos casos al modificar las normas de acceso a la nacionalidad francesa. Además, sus contradicciones han abierto la puerta a la arbitrariedad. Unos 117 de los 300 africanos encerrados han visto rechazada su demanda de asilo, pero entre los 48 que sí han obtenido permiso de residencia figuran personas cuya situación legal era idéntica a las que les fue denegado.
El Consejo de Estado, aparte de un respiro relativo de 10 días, puede ofrecerle una vía de escape al Gobierno, ya sea dando una cobertura legal indiscutible a su decisión de expulsar a los africanos, ya sea, como es más que probable, poniendo en cuestión no tanto la ley como los decretos de aplicación de la misma, una argucia jurídica que evitaría un nuevo ridículo a Debré pero también a Charles Pasqua, haciendo recaer todas las culpas en la confusa prosa administrativa de un funcionario.
Hace dos meses sólo 300 personas acudieron a una manifestación de solidaridad con los africanos. Ayer, en París, el cortejo reunió a miles de ciudadanos que, al ritmo de los tam-tam y encabezados por un grupo de mujeres vestidas con el bubú tradicional, desfilaron por el centro de la ciudad hasta la iglesia de Saint-Bernard.
