Equidad y solidaridad
En los momentos actuales y a la hora de abundar en el debate sobre las pensiones, es conveniente recordar las funciones que cumple el sistema de pensiones de la Seguridad Social: provee de rentas económicas, proporcionales al esfuerzo contributivo, cuando se cesa en la vida activa, permitiendo hacer una previsión para cuando, por edad o invalidez, ya no se perciben ingresos por el trabajo; es un mecanismo a través del cual se ejerce la solidaridad de los jóvenes con los mayores, de los activos con los pasivos, de los sanos con los que padecen incapacidad; propicia la transferencia solidaria entre sectores productivos, que es el único modo por el que sectores de alto coste y riesgo pueden tener una cobertura similar a la del resto; representa la manifestación solidaria del conjunto de la sociedad con los incapacitados o ancianos que no tienen otros recursos económicos, a través de las pensiones no contributivas; y favorece la distribución interregional derivando recursos hacia las comunidades con menor nivel de renta económica.De esta forma, la previsión obligatoria, combinando la equidad y la solidaridad, ha permitido que en los países europeos se haya prevenido, mitigado o incluso erradicado, la pobreza más severa, especialmente en la vejez, según se han ido desarrollando los sistemas de pensiones de la Seguridad Social. Por eso, cuando se debate sobre los efectos del gasto en pensiones en las sociedades actuales no cabe centrar ese debate únicamente en aspectos económicos, sino que debe recordarse la funcionalidad del mismo y la eficacia que tiene en nuestra sociedad en relación con la cohesión social.
En España, la evolución del sistema de pensiones de la Seguridad Social, en los últimos 15 años, ha sido muy importante, tanto por efecto de la maduración del sistema, como por el crecimiento del importe de las pensiones, especialmente de las de cuantía más baja y por la extensión de la cobertura, lo que ha supuesto un crecimiento del gasto superior al de la media europea, que se explica por el camino que ha habido que recorrer, en ese período, para cubrir fuertes carencias en la cobertura social.
Hay que señalar que al sistema de pensiones le afectan la evolución demográfica, especialmente por el importante crecimiento de la esperanza de vida que prolonga el periodo de percepción de la pensión, repercutiendo de forma significativa en el gasto. Asimismo, incide en la variación de las cuantías de las pensiones y por tanto en el gasto, el efecto de sustitución de las pensiones más antiguas por las nuevas que se causan con importes más elevados. Procesos a los que hay que añadir el crecimiento vegetativo del número de perceptores.
En el estudio económico actual que realizamos a finales de 1995 sobre el futuro del sistema de pensiones, publicado bajo el título de La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI, se pone de manifiesto que el crecimiento del gasto a partir del año 2000 se situará, con una hipótesis de inflación del 3%, en torno a un 6%, siendo los factores más determinantes en este crecimiento la actualización de las cuantías de las pensiones y el efecto sustitución. Además se pone de relieve que con una evolución del PIB de un 2,5% de crecimiento interanual, en el horizonte del año 2030 dedicaríamos un porcentaje similar de producto nacional para la cobertura de las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Una evaluación nada alarmante, por tanto, desde la perspectiva del gasto y su relación con la generación de riqueza.Es en la vertiente de los ingresos desde la que se ponen de manifiesto las tensiones en el futuro. Los sistemas económicos no presentan, en la actualidad, demasiada elasticidad en relación con el mercado de trabajo, pudiendo generar crecimientos significativos en el producto nacional y fuertes beneficios en las empresas, sin un reflejo similar o proporcional en la creación de empleo, efecto que, además, en el futuro se verá agravado por la utilización intensiva de las nuevas tecnologías. Todo ello hace que pueda preverse una moderada evolución del número de cotizantes, a lo que hay que añadir un bajo crecimiento salarial, tanto en lo que son retribuciones ordinarias como en los llamados deslizamientos, variables que determinan los datos básicos, junto al tipo de cotización, que configuran los ingresos contributivos de un sistema de pensiones. Por ello, en lo que constituyan decisiones que puedan incidir de forma inmediata y directa en los ingresos por cotizaciones, como el tipo de cotización, se debe adoptar una actitud de gran prudencia para evitar desequilibrios que afectarían a la estabilidad del sistema de pensiones y a las cuentas públicas. Podría concluirse que el análisis y valoración del futuro del sistema de pensiones debe realizarse desde la consideración de las funciones que cumple y de la capacidad de financiación de nuestro sistema económico en su conjunto, más que desde la evolución concreta de una determinada fuente de financiación; considerando que la estabilidad de un sistema de pensiones depende de un conjunto de variables complejas que exigen una actuación proporcionada y equilibrada sobre las mismas, y de la consideración política sobre los efectos sociales que puedan producir las medidas que se adopten.
El Pacto de Toledo es un instrumento adecuado que define un marco de actuación perfectamente válido, excluyendo la sustitución del actual sistema de reparto y solidaridad intergeneracional por otro de capitalización individual y rechazando cualquier derivación hacia un sistema de mínimos, así como las transformaciones que hicieran irreconocible el actual sistema de pensiones. El Pacto de Toledo, por el contrario, postula una consolidación del actual sistema de pensiones, cuyo gasto evolucione en armonía con los crecimiento de la economía, mediante la adopción de medidas que perfeccionen y refuercen la Seguridad Social en consonancia con la realidad actual.
Una consideración global de las recomendaciones del Pacto de Toledo sin duda facilitará el consenso y el acuerdo, siendo necesario el equilibrio y distribución de esfuerzos y la combinación entre equidad y solidaridad. Así se debe afrontar la separación de las fuentes de financiación según la naturaleza de las prestaciones, continuando la reforma de 1989 y dando fin a la transitoriedad de la fórmula provisional de financiación de la parte no contributiva por la vía de los préstamos del Estado ; el fortalecimiento del carácter contributivo del sistema, acentuando la equidad, a la vez que se refuerza el principio de solidaridad y de garantía de suficiencia; la flexibilización de la edad de jubilación con carácter voluntario y, por último, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, utilizando la fórmula que se ha venido aplicando últimamente. Aspectos, todos ellos, que en una aplicación conjunta y simultánea crearían un marco adecuado para el acuerdo, tan importante y necesario en esta materia.Adolfo Jiménez Fernández es miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social.
