El recorte fácil
UN MES ha tardado el Gobierno en concretar a qué capítulos del presupuesto piensa aplicar el anunciado recorte de 200.000 millones de pesetas. Pero el plazo era en este caso lo de menos. Importaba más conocer la filosofía presupuestaria del Partido Popular. No ha habido ninguna sorpresa. El ajuste se paga con cargo a las inversiones públicas y a las transferencias de capital. Se ha optado por la opción más cómoda, aunque no sea necesariamente la más conveniente.No se ha percibido gesto alguno por ahora de eliminar ineficiencias de carácter estructural en la composición del gasto público. Nadie se atreve, al parecer, a hincarle el diente al importante y variado capítulo de las subvenciones fiscales, cuya eficacia es a todas luces dudosa. Recurrir al fácil expediente de que el sector privado compense el descenso de la inversión pública es puro voluntarismo. Difícilmente cuadrará.
A la luz de los recortes anunciados ayer no es fácil comprender la demora en la exposición pública. Salvo que se trate de un efecto adicional de un cierto clima de aturdimiento que se percibe en algunos sectores del nuevo Gobierno durante sus primeras semanas de andadura. El equipo económico quiere transmitir firmeza, pero a menudo da síntomas de improvisación. El frenesí reformador conduce a pensar que cualquier plazo es un retraso, como ha sucedido con el recorte de los 200.000 millones.
Otro capítulo que sigue sin despejarse es el paquete de medidas de reactivación anunciado por el vicepresidente Rodrigo Rato la semana pasada. Medidas como la liberalización del suelo, de las telecomunicaciones, de la energía o del transporte son imprescindibles, pero no basta con enumerarlas como un catálogo de buenos propósitos, y nadie cree que vayan a tener efectos estimuladores a corto plazo. Es poco probable que el anuncio de revisar algunas cargas fiscales de las pequeñas y medianas empresas -los impuestos de actividades económicas y sucesiones o la actualización de balances- tenga un efecto de reactivación inmediato.
El debilitamiento que se aprecia en nuestra economía no es en modo alguno específicamente español. Todos los países europeos acusan los efectos de esa pausa cíclica en su crecimiento, y éstos son más preocupantes por cuanto esas economías afrontan estrategias de ajuste presupuestario por las obligaciones derivadas del Tratado de Maastricht. El Gobierno no lo tiene fácil. Debe tratar de conciliar el cumplimiento de las condiciones de convergencia, a las que los mercados financieros prestan especial atención, con la reanimación de una economía que amenaza con el estancamiento, lo que tendría pésimos efectos sobre el frágil mercado del trabajo.
En todo caso, el Gobierno debe evitar algunos de los errores en los que ha incurrido en sus primeras cuatro semanas. Sobre todo, esa predisposición a "amagar y no dar" de la que hace gala. Es hora de gobernar y no de lamentarse sobre herencias, reales o supuestas. Porque tales actitudes pueden dar al traste con una de las escasas fuentes de reducción del déficit público que se ofrecen el próximo año: la derivada del descenso de la prima por riesgo que se exige a los activos financieros en pesetas. Tropiezos adicionales pueden acabar precipitadamente con esa favorable etapa que desde hace más de un año disfrutan nuestros mercados de deuda y divisas.
