Frente a la idea de que "corrupción y política están condenadas a convivir", aseguran que expulsarán de la vida pública a quienes hayan mantenido comportamientos irregulares.Los socialistas piden a los ciudadanos su apoyo para promover el reparto de trabajo mediante la reducción de horas extraordinarias, a cambio de tiempo libre y los trabajos en turnos que vengan acompañados de reducción del tiempo de trabajo y de contratación de nuevos trabajadores.

En un epígrafe titulado Más democracia, más confianza en la política, se pone de manifiesto su preocupación por el deterioro de las instituciones a causa de los escándalos políticos. Se detienen en el detalle de las leyes que han propuesto para hacer más difícil la corrupción y proponen otras nuevas: la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad y los sistemas de habilitación de seguridad en el núcleo de una reforma de la legislación sobre secretos oficiales; el Cesid será controlado políticamente a través de una comisión parlamentaria.

En los cambios de la Ley Electoral ofrecen por primera vez la posibilidad de que los electores ejerzan el derecho de preferencia cuando vayan a votar la lista de un partido. El programa lo expresa así: implantación de un sistema de listas con voto de preferencia que permita hacer compatible el derecho de los partidos a designar sus propios candidatos con el derecho de los electores a seleccionar entre los candidatos propuestos; es decir, un sistema de listas no bloqueadas, en contra de lo que ahora rige.

En su oferta para las elecciones del 3 de marzo se excluye la posibilidad de proponer una ley de huelga, rectificando una posición que repitieron en las dos anteriores elecciones. Sí se comprometen a igualar el tiempo del servicio militar con la prestación social sustitutoria, por lo que esta segunda pasará de 13 a 9 meses.

Para el periodo 1996-2000 se comprometen a crear 500.000 viviendas y a alargar el plazo de las cuentas de vivienda a seis años. En materia fiscal proponen limitar el valor deducible por adquisición de vivienda hasta 20 millones de valor catastral revisado. Aseguran que, si obtienen de nuevo el Gobierno, ayudarán a la promoción de viviendas para alquiler, según publicó EL PAÍS en su edición del pasado 13 de enero, junto a la propuesta de reforma fiscal.

Frente a la acción terrorista no cabe imaginar ninguna negociación hasta que no cese de manera fehaciente la violencia". "La lucha contra el terrorismo, contra todo tipo de terrorismo, ha sido y es una constante prioridad del Estado".

Otra prioridad es la lucha contra la violencia callejera y, en especial, contra la violencia que atente contra grupos étnicos, raciales o religiosos".