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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Filesa seguía ahí

EL'CASO Filesa' sigue vivo por mucho que haya quedado enterrado a intervalos bajo el peso de los numerosos. y sonoros escándalos de corrupción política que le han seguido y de los más de 18.000 folios de diligencias sumariales acumulados en la interminable instrucción de Marino Barbero. La formulación por el fiscal de las acusaciones concretas contra los implicados supone un paso importante hacia la clarificación de las responsabilidades penales. El desenlace parece cercano.El escrito de acusación del fiscal sé atiene a lo ya conocido e investigado sobre la naturaleza y finalidad del entramado de Filesa. Su relato de hechos coincide con el del juez Barbero en cuanto al montaje de financiación ilegal realizado por el PSOE tras la pantalla de sociedades aparentemente consultoras y la aplicación posterior del dinero negro así obtenido al pago de gastos electorales. En este punto el fiscal es tributario de lo instruido por el juez; no puede ir más allá, aunque pueda quedarse más acá a la hora de la calificación e imputación formal. Es lo que ha hecho al concretar su acusación: sólo la ha formulado contra 23 de los 39 presuntos implicados señalados inicialmente por el juez Barbero. Son los que comparecerán ante el Tribunal Supremo.

La acusación del fiscal no traspasa, pues, el límite de las imputaciones de Barbero. Es decir, no llega más arriba del antiguo secretario de finanzas y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Guillermo Galeote. Pero el hecho de acusarle formalmente de un delito electoral -manipulación contable para ocultar la financiación ilegal de campañas electorales- y de pedirle tres años de cárcel no puede dejar de afectar a la instancia del partido de la que formaba parte. Y ello, a pesar de que "no se haya acreditado la existencia de un acuerdo, para tal fin, de la Comisión Ejecutiva o del Comité Federal del PSOE", como el fiscal reconoce. Ahora más que antes sigue abierta la cuestión de si las responsabilidades políticas por la financiación irregular de un partido pueden quedar saldadas con la responsabilidad penal del encargado de finanzas del mismo.

El fiscal, sin embargo, ha ido más lejos que Barbero en la determinación del tipo de relación mantenida con el entramado de Filesa por los directivos de bancos y empresas que se prestaron a realizar la contribución económica convenida. A su entender, esa contribución se produjo a cambio de "obtener importantes beneficios en. sus relaciones con la Administración". Intenta demostrarlo en cada caso concreto mediante la coincidencia o aproximación de fechas entre las facturas giradas por Filesa a esas empresas y la adjudicación a su favor de concursos públicos. La acusación del fiscal es grave, pero tendrá que echar mano de más mimbres que los conocidos a través de la instrucción sumarial para poder demostrarla en juicio. Precisamente lo más discutible de la instrucción de Barbero fue considerar como imputadas a personas que, en todo, caso, se sometieron a un requerimiento que, por venir del partido del Gobierno, tenía más de chantaje o presión que de intento de soborno por su parte. Si el fiscal llegara a demostrar que existieron esas contraprestaciones, la situación procesal de esos imputados se agravaría.

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Pero ese nuevo aspecto señalado por el fiscal indica que en el caso Filesa, además de los delitos apuntados por Barbero (falsedad en documento, apropiación indebida, delito electoral, etcétera), existe otro de prevaricación generalizada que no han cometido ni podían cometer los actuales implicados. Y lo extraño es que el fiscal deje esa acusación en el aire o se contente con imputar ese delito a personas no identificadas, lo que equivale a admitir que quede impune. Si ninguno de los cargos del PSOE acusados en el caso Filesa estaba legalmente en condiciones de conceder esas contraprestaciones en nombre de la Administración pública, lo legalmente exigible es indagar quiénes fueron. El juicio oral no es el mejor momento para clarificar una actuación delictiva generalizada y de autor desconocido.

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