¿Qué opciones de política económica tiene el Gobierno?
Los inversores financieros, ante las crecientes crisis, incertidumbres y volatilidades de los mercados de este último año, están invirtiendo cada vez más sobre seguro y están castigando, con mayor dureza de la habitual, a aquellos países que tienen desequilibrios relativamente más elevados, especialmente cuando no muestran expectativas de reducirlos a corto plazo.El caso de España es paradigmático de este comportamiento. La peseta ha sido castigada hasta provocar su devaluación, mostrándose hoy infravalorada respecto de las demás monedas del mecanismo del SME. La deuda pública ha tenido una fuerte caída de precio por las ventas masivas, especialmente por parte de inversores no residentes. Las cotizaciones en Bolsa de las principales empresas españolas han caído también por la fuerte desinversión doméstica y exterior mostrando hoy unos PER anormalmente bajos. Por último, la peseta ha terminando devaluándose, arrastrada por la debilidad del dólar.
No existe la menor duda de que en dicho comportamiento no sólo intervienen causas internas españolas, sino que los acontecimientos de México y posteriormente la presión vendedora. sobre el dólar han sido factores decisivos en la última devaluación de la peseta. Ahora bien, tampoco existe ninguna duda de que las causas internas también han tenido una influencia notable ya que la peseta antes de la devaluación era ya la moneda más débil del mecanismo.
Las causas internas que han facilitado este castigo son tanto económicas como políticas, ya que ambas están interrelacionadas. Los inversores y analistas no están tan preocupados por los escándalos políticos en sí mismos como por la percepción de que los políticos sólo se están preocupando de dichos escándalos y no están afrontando los Problemas económicos fundamentales que son los que realmente cuentan a la hora de invertir. Saben por experiencia que un clima de crispación política, una situación preelectoral y un gobierno en coalición no son las condiciones más indicadas para reducir dichos desequilibrios, especialmente el fiscal.
Existe, por último, una cierta sensación en los mercados financieros de que aunque este Gobierno ha hecho un mayor esfuerzo para reducir el déficit público que los anteriores, está ya desgastado y no tiene fuerza política para ir más allá en la reducción de los desequilibrios macroeconómicos y en las reformas estructurales. Haber hecho la devaluación sin introducir nuevas medidas (salvo la subida forzada de medio punto del tipo de intervención del Banco de España) corrobora esta percepción.
Ante esta situación de desconfianza y de castigo, ¿qué opciones de política a corto plazo económica tiene el Gobierno?
La primera es no hacer nada de momento y esperar a la discusión del presupuesto de 1996, tras las elecciones municipales. Ésta es la opción más peligrosa, ya que hay poco márgen de tiempo para actuar. Como el, mantenimiento de la peseta en el mecanismo de cambios del SME no depende ahora tanto de la peseta misma como de, la evolución del tipo de cambio dólar-marco y de la falta de coordinación monetaria internacional, se corre el riesgo de que cualquier nueva depreciación del dólar frente al marco pueda poner en peligro, de nuevo, la situación de la peseta en dicho mecanismo. Esta vez el Comité Monetario no, aceptaría una nueva devaluación de la peseta, sino que, probablemente, invitaría a la peseta a dejar el mecanismo de cambios del SME.
En contra de lo que teóricaente podría pensarse, salir de dicho mecanismo, aparte de sus efectos políticos internos, daría una señal a los mercados de que a partir de ese momento la disciplina para intentar converger y para reducir los desequilibrios económicos va a ser, aún mucho menor y, por tanto, éstos podrían desencadenar un nuevo ataque sobre la peseta y sobre la deuda que daría como resultado mayores presiones inflacionistas derivadas de una nueva depreciación tras salir del sistema y una mayor carga de intereses de la deuda pública y, por tanto, un mayor déficit público.
Ante esta situación, el Banco de España, dado que estatutariamente tiene que salvaguardar la estabilidad de precios y conseguir los objetivos de inflación que se ha marcado para 1996, tendría que subir más los tipos de interés a corto plazo, con lo que el consumo y la inversión se verían afectados y la actual recuperación del crecimiento económico y del empleo estaría en peligro.
La segunda opción es adelantar a las próximas semanas buena parte de los fuertes recortes presupuestarios previstos para 1996, que representan el 1,5% del PIB, es decir, aproximadamente un billón de pesetas. Esto daría un signo a los mercados de que el Gobierno está dispuesto a usar su mayoría parlamentaria para atacar de inmediato; el desequilibrio que más efecto tiene sobre el bajo precio de la deuda pública y sobre la situación de la peseta.
Esta opción evitaría que la peseta pudiera ser expulsada del mecanismo de cambios del SME, ya que, inmediatamente mejoraría su posición relativa acercándose más al franco francés, con lo que cualquier nuevo problema del dólar que pudiese arrastrar a las monedas del mecanismo que no estén en la zona marco desembocaría en un realineamiento generalizado de las monedas de aquél, y no en una salida de la peseta en solitario, o quizá acompañada del escudo.
Ello dejaría para la discusión del presupuesto de 1996 otro tipo de recortes adicionales que necesitarían modificaciones legislativas y que permitirían que el Banco de España pudiese bajar los tipos de interés, ya que con la reducción del déficit se operaría una menor presión sobre los precios de los bienes no comerciables, especialmente sobre los servicios, que compensaría la presión sobre los precios proveniente de unas importaciones más caras derivadas de la reciente devaluación de la peseta, y además dicha reducción de tipos de interés aumentaría la inversión con lo que habría menos presión sobre la capacidad instalada, lo que permitiría un crecimiento más estable.
Asimismo, habría que introducir en la segunda mitad del año una serie de medidas de reforma estructural, adicionales a las que ya se han tomado, para flexibilizar más el funcionamiento d e los mercados de los servicios, del suelo y del trabajo.
En resumen, las dos opciones de política económica a corto plazo son muy claras: o se hace un fuerte ajuste fiscal pronto o habrá que hacer un fuerte ajuste monetario. En una etapa de recuperación económica incipiente la opción primera es mucho menos dañina que la segunda, porque tiende a aumentar la inversión y el consumo privados, al reducir los tipos de interés, los costes financieros
de las empresas y las incertidumbres en los mercados. La restricción monetaria, al subir los tipos, tiende a deprimir en mayor medida a corto plazo ambos elementos de la demanda interna y a reducir la inflación a costa de incrementar el déficit público y *el paro.
Lo que es muy importante es que haya coordinación entre ambas políticas y que, ante la fuerte restricción fiscal, el Banco de España no tarde en compensarla parcialmente con menores tipos de interés a corto plazo, ya que de no ser así se puede también abortar la recuperación porque el impacto del fuerte recorte presupuestario se tiene también que notar en la actividad económica, Naturalmente, todas las medidas económicas de ajuste fiscal y de liberalización de los mercados tienen sus costes políticos que se suelen medir en términos de pérdida de votos. De ahí que suelan tomarse únicamente por gobiernos recién elegidos, con mayoría absoluta, y en los primeros meses de su legislatura, ya que dichos costes luego se convierten en beneficios políticos cuando, a medio plazo, se empiezan a no "tar mejoras en la situación eco nómica.
Ahora bien, este tipo de medidas difíciles las suelen tomar gobiernos que han perdido mucha credibilidad, y que ya han incurrido en costes políticos muy altos, con lo que no tienen otra salida para recuperarla que demostrar que, a pesar de todo, son capaces de hacer frente a los problemas económicos del país y de tener una visión de largo plazo. Ésta es la gran y, probablemente, única oportunidad de este Gobierno de recuperar credibilidad nacional e internacional.
