Cuestiones abiertas

EL CONSEJO General del Poder Judicial (CGPJ) ha recurrido a su habitual estilo didáctico a la hora de resolver la queja de Barrionuevo sobre su supuesta indefensión en el sumario de los GAL y de pronunciarse sobre los ataques vertidos por el ex ministro contra el juez Garzón. Está bien que el CGPJ recuerde los principios a los que debe conformarse la crítica dirigida a los jueces en su función jurisdiccional. Pero debería haber hecho algo más: aportar algún elemento de reflexión sobre el conjunto de incidencias procesales surgidas tras la estruendosa reapertura del sumario de los GAL.Salvo la reprimenda a Barrionuevo por sus graves, imputaciones de parcialidad al juez Garzón, ninguno de estos problemas ha tenido un atisbo de respuesta por parte del CGPJ. Ni la situación anómala en la que se encuentran quienes, sin estar formalmente implicados en el sumario, aparecen como tales a los ojos de la opinión pública, ni la sistemática, persistente y unidireccional vulneración del secreto sumarial, causa no sólo de la supuesta indefensión que alega el antiguo ministro del Interior, sino también de posibles perjuicios para el buen fin de la investigación judicial.

La iniciativa del vocal del CGPJ Javier Gómez de Liaño tendente a que el pleno de este organismo saliera al paso de las acusaciones de Barrionuevo contra Garzón está plenamente justificada. Pero se echa en falta otras de igual índole sobre el quebrantamiento del secreto del sumario y la indefensión de hecho causada a las personas afectadas por la revelación indebida de su contenido. No sólo no ha habido tal iniciativa, sino que el CGPJ se ha limitado sin más a aconsejar lo que es obvio, pero de momento inoperante (remitir a los tribunales a las personas afectadas por esa posible indefensión procesal), y a dejar en manos del juez Garzón -es decir, de quien tiene las máximas responsabilidades, incluso penales, en la salvaguardia del secreto sumarial- la investigación sobre su vulneración.

El juez dispone de un razonable margen de discrecionalidad en el reconocimiento del carácter de imputado a quien se atribuya un hecho delictivo durante la instrucción sumarial. Es lógico que sea así. Pero tiene el deber, como se ha cansado de repetir el Tribunal Constitucional, de no retrasar ni un minuto la atribución formal de esa condición a alguien de quien fundadamente sospeche que la tiene. La hipótesis del, juez que aplaza conscientemente el momento de la imputación a fin de retener el sumario, como algún medio informativo se ha atrevido a barajar como explicación de que Garzón no haya implicado de momento a Barrionuevo, es sencillamente inadmisible.

Las consecuencias políticas a corto o medio plazo del sumario de los GAL serán las que tengan que ser. Pero en ningún caso deben situar en un segundo plano la preocupación porque la instrucción sumarial se lleve a cabo con estricto respeto a las normas de procedimiento. El Estado de derecho debe actuar en todas las direcciones: defendiéndose de quienes han pretendido ensuciarlo con los métodos propios del terrorismo y aplicando la ley con rigor, pero con todas las garantías, a los presuntos culpables de esa criminal aventura. El CGPJ debería haber aprovechado la ocasión para hacer algún tipo de reflexión en ésta línea. De ese modo, su pronunciamiento contra los ataques de Barrionuevo a Garzón estaría libre del halo corporativo que transmite, a falta de esa reflexión global sobre las incidencias pro cesales a que está dando lugar el sumario de los GAL.

Porque las cuestiones que a más largo plazo pueda suscitar la instrucción sumarial será cosa de solventarlas en su momento. ¿Qué efectos tendría sobre su validez que el juez Garzón, en su calidad de antiguo secretario de Estado de Interior, fuera propuesto como testigo por todas o cada una de las partes personadas en el sumario para ilustrar sobre elmanejo de los fondos reservados asignados a ese departamento? Sería una forma de poner procesalmente en evidencia los riesgos que conlleva haber sido un alto cargo de Interior y pasar sin solución de continuidad a instruir un sumario judicial que afecta de lleno a ese ministerio. Son situaciones ciertamente insólitas de un tiempo que las depara en abundancia.