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El Constitucional prepara una sentencia interpretativa sobre la 'ley del catalán'

El pleno del Tribunal Constitucional prepara una sentencia interpretativa [en la que se declaran constitucionales los preceptos impugnados, siempre que se apliquen como los interpreta el alto tribunal] sobre la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, conocida como ley del catalán, cuestionada por el Tribunal Supremo. La deliberación, que se inició en octubre, no concluirá hasta mediados de este mes, en que "por primera vez se votará y seguidamente se hará público el fallo", según altas fuentes de la institución.

Fuentes oficiales del alto tribunal informaron que "la deliberación continuará durante las próximas semanas", si bien precisaron que fue suspendida ayer y ya no se reanudará hasta la semana que empieza el 12 de diciembre, en la que se espera concluir el debate y firmar la sentencia. Fuentes oficiosas dieron cuenta, por su parte, del interés del presidente del Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero, en acelerar la deliberación y votación para poderla hacer pública ayer mismo, "a fin de acabar con las especulaciones que vienen circulando .Un letrado del Tribunal Constitucional trasladó a este periódico la situación de "perplejidad que se vive en la casa ante unas supuestas filtraciones de la futura sentencia, que agotan el cálculo de probabilidades, ya que en un caso se asegura que serán anulados varios preceptos y en otro que todos serán declarados constitucionales". Este letra do ironizó con que "la realidad es más rica que la imaginación y no es correcto ninguno de esos dos titulares, ya que lo más probable es una sentencia interpretativa, dado que el problema no son tanto los preceptos como la aplicación que se haga de ellos".

Sentencia muy matizada

Tales fuentes indicaron que la naturaleza de la ley catalana cuestionada es particularmente propicia para la sentencia interpretativa y que ése es el criterio que prevalece en este caso entre la gran mayoría del tribunal. Añadieron que, además, ese tipo de sentencia es muy útil para evitar la formulación de. votos particulares, ya que "permite incorporar muchos matices", dijeron. Reconocieron que, en cambio, tal modelo de sentencia es de más ardua elaboración y vincularon a esta opción la tardanza que se está produciendo para alcanzar el acuerdo sobre un texto definitivo.

Uno de los preceptos cuestionados que está siendo objeto de mayores precisiones es el artículo 14.2, que dice así: "Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o los tutores pueden ejercerlo en nombre de sus hijos instando a que se aplique". El otro es el artículo 20, según el cual "los centros de enseñanza han de hacer la lengua catalana vehículo de expresión normal, tanto de las actividades internas, incluyendo las de carácter administrativo, como en, las de proyección externa".

La principal objeción del Supremo, que cuestionó la ley del catalán, y de algunos de los fiscales ante el Constitucional es que tales preceptos son difícilmente conciliables con el artículo 3.1 de la Constitución, que dice así: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". La labor inacabada de los magistrados del Tribunal Constitucional está consistiendo en reconducir la interpretación de aquellos preceptos a una aplicación concorde con la norma constitucional, como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Una concordia lingüística anunciada

La constitucionalidad matizada de los preceptos de la ley del catalán cuestionados por el Supremo se intuyó en febrero de 1994 cuando el presidente del alto tribunal, Miguel Rodríguez-Piñero lanzó un mensaje pacificador: "No tiene sentido vivir en Cataluña y no conocer el catalán ni vivir en París y no conocer el francés, pero no por eso se debe enviar a la cárcel a quien no lo conozca."La fórmula finalmente adoptada será la de una sentencia interpretativa, según fuentes del alto tribunal conocedoras de los dos borradores elaborados por el ponente Julio González. En principio, el fallo del caso estaba previsto para después de febrero de 1995, mes en que termina el mandato de cuatro magistrados, entre ellos el presidente. El Constitucional ha anticipado el debate con el objetivo no declarado de contribuir a la concordia y a la estabilidad política y social.

Precisamente el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, advirtió ayer desde Estrasburgo contra la posibilidad de que el Constitucional dicte una sentencia "desestabilizadora". Horas antes de ser reelegido en Estrasburgo presidente de la Asamblea de Regiones de Europa, Pujol manifestó que el Gobierno catalán espera con "grandísimo interés" la sentencia y apuntó que su trascendencia no se limitará al campo político, sino que incidirá sobre las bases mismas de la convivencia social, desestabilizándola o contribuyendo a su estabilización.

Todos los partidos políticos catalanes -los mismos que en 1983 aprobaron por unanimidad la Ley de Normalización Lingüística- expresaron ayer su satisfacción -aunque con cautela por el desconocimiento del texto de la sentencia- ante la eventualidad de que la citada norma sea declarada acorde con la Constitución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de diciembre de 1994

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