Portavoces del Ministerio para las Administraciones Públicas precisaron ayer que las declaraciones del ministro Jerónimo Saavedra, el pasado lunes, sobre la gestión del Fondo de Cohesión fueron mal trasladadas a la opinión pública. Algunos diarios escribieron que Saavedra había dicho que las comunidades gestionarán el dinero procedente de la Unión Europea para proyectos de infraestructuras y de medio ambiente.Esta transcripción de las palabras de Saavedra llenó de gozo a los dirigentes de CiU porque entraban en contradicción con la política del ministro de Obras Públicas, José Borrell, refrendada a primeros de junio por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos. La Generalitat reclama soberanía para administrar la parte del Fondo que le corresponda, lo que aliviaría su endeudamiento para cumplir el ambicioso Plan de Saneamiento de las aguas residuales. Ayer, Pujol elogió la negociación hecha en Bruselas por Felipe González sobre este tema que tanto beneficia a España.

Borrell se opone a que el dinero del Fondo de Cohesión recibido de la Unión Europea (el 40%, como mínimo, para la mejora del medio ambiente y el resto para obras de infraestructura del transporte) se reparta entre las autonomías para que éstas lo administren libremente. Propone, sin embargo, cofinanciar con estos fondos las infraestructuras medioambientales de las administraciones autonómicas o locales, mediante convenios que incluyan aquellas obras que estén de acuerdo con las directivas europeas y con la política global que definan el Gobierno central y las comunidades.

La parte del Fondo de Cohesión destinado a infraestructuras del transporte no se incluye en este sistema. Borrell argumenta que esos fondos deben aplicarse a la financiación de las redes transeuropeas, de competencia casi exclusiva de la Administración Central.

CiU aceptaría la fórmula de los convenios siempre que se le garantizara una cantidad mínima de financiación europea.

Fuentes de Administraciones Públicas precisaron que Saavedra confirmó la política de Borrell, aunque sí dijo que no descartaba que, en programas concretos, hubiera una gestión directa por las comunidades autónomas.