Berlusconi, al descubierto
EL DECRETO promulgado por Silvio Berlusconi en la noche del 13 al 14 de julio pone al descubierto hasta qué punto sus verdaderos objetivos son distintos de los que proclamó cuando se lanzó al ruedo político y obtuvo de los electores una amplia mayoría para dirigir el país. Berlusconi subió al poder en la cresta de esa potente ola que sacudió a Italia pidiendo que se pusiese fin a la corrupción, que se había convertido en norma casi permanente de la política nacional. Había que apartar a toda una clase política que había ocupado las palañeas del poder y que las había aprovechado con procedimientos indignos para financiar a sus partidos y para enriquecerse personalmente. Un grupo de magistrados, cuya figura más simbólica es el juez Antonio di Pietro, había metido el bisturí en el cáncer de la corrupción, colocando en la picota a numerosas estrellas de la política italiana -incluidos jefes de Gobierno durante largas etapas-, desde el socialista Craxi hasta el democristiano Andreotti. Berlusconi -a pesar de que su meteórica carrera empresarial se había hecho con ayudas y complicidades de los políticos más hundidos en la corrupción- supo aparecer ante los italianos como el símbolo del cambio, el hombre que iba a dar a Italia una política basada en la moralidad y la eficacia. Para que ese mensaje llegase mejor a los italianos no dudó en ofrecer a magistrados de la Operación Manos Limpias puestos en sus listas electorales, e incluso cargos ministeriales. Ahora, la pieza teatral se ha terminado. Aprovechando que el verano es desmovilizador de las reacciones populares, Berlusconi ha descubierto sus baterías.
El decreto de urgencia del 13 de julio prohíbe a los jueces dictar la cárcel provisional para los implicados en casos de corrupción. Ello supone poner en libertad a miles de personas, entre ellas numerosos políticos y empresarios, contra las que, existen presunciones de culpa muy fuertes. La enorme labor realizada por jueces y fiscales durante años para purificar la vida política cae por tierra. Una vez en sus domicilios, los acusados más comprometidos tendrán todas las facilidades para influir sobre los policías y los jueces (como siempre se ha hecho) y conseguir que sus juicios se aplacen sine die o se vacíen de culpas. El decreto Berlusconi va dirigido, primero, contra la justicia y, a la vez, contra los magistrados más admirados por el pueblo italiano. Admiración merecida porque, frente a la podredumbre del mundo político, ellos dieron pruebas de valentía en defensa de la justicia y de la dignidad.
Ello atribuye mayor significación a la, reacción de Di Pietro y de los otros magistrados de la limpieza ante e¡ decreto Berlusconi: han decidido abandonar los ca sos de corrupción y han pedido ser trasladados a casos distintos. De hecho, entramos en una fase en la que los corrompidos y corruptores ya no tienen nada que te mer. Los amigos de Craxi, declarado en rebeldía por su negativa a retomar de Túnez para presentarse: ante la jusiticia, anuncian ya que podrá volver con toda tranquilidad.
Además del contenido de la decisión gubernamental, el procedimiento de su promulgaciones típico de los métodos de Berlusconi: con un decreto de urgencia, el Gobiemo puede aplazar dos meses su discusión ante el Parlamento. Y, mientras tanto, las medidas son operativas: los acusados salen a la calle y se cambia a los jueces encargados de estos casos. De hecho, se entierra la operación de limpieza cívica iniciada por Di Pietro y sus colegas.
La indignación en Italia es enorme; incluso dentro de la mayoría berlusconiana se levantan voces de protesta, como la de Marco Pannella. Pero Berlusconi se ha acostumbrado ya a dar sus golpes de mano aprovechando el verano. Recientemente liquidó a los responsables de la televisión oficial. Ahora, el golpe contra los magistrados es más grave. Así impone su autoritarismo como base y enseña de la nueva Italia.
