Sotos, ex gerente de PSV, en prisión acusado de estafa
La anterior ejecutiva de UGT comparecerá ante Moreiras a partir del lunes
Carlos Sotos está en la cárcel. El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, dictó ayer auto de prisión incondicional contra el ex gerente de la cooperativa de viviendas PSV, vinculada al sindicato UGT, y cuyos problemas financieros afectan a 20.000 familias. Sotos fue trasladado a la cárcel de Carabanchel directamente desde la Audiencia Nacional, donde había estado declarando toda la mañana ante el juez Moreiras. El auto de prisión acusa a Sotos de ser "autor" de los delitos que se le imputan en la querella: apropiación indebida y estafa, entreotros. A partir del lunes próximo pasará ante Moreiras la práctica totalidad de la anterior ejecutiva de UGT, incluyendo al ex secretario general del sindicato Nicolás Redondo.
Varios de los abogados se habían marchado ya de la Audiencia, y Carlos Sotos se disponía a hacerlo también, cuando el juez Moreiras se dirigió a él: "Espere, señor Sotos", le dijo. No eran buenas noticias para el ex gerente. El juez le notificó el auto de prisión. Sotos escuchó a Moreiras con serenidad. Pidió permiso para llamar a su casa. Lo hizo. Luego, partió hacia la cárcel.El ex gerente ingresó en la prisión de Carabanchel sobre las 16.30 horas. Llegó a la cárcel en un furgón de la Guardia Civil y siguió todos y cada uno de los trámites establecidos para los nuevos reclusos.Se barajaba la posibilidad de que tuviera un trato similar al de Mariano Rubio y Manuel de la Concha La primera de las comparecencias previstas en las diligencias previas sobre el caso PSV, que ha durado siete jornadas, llegó así a un desenlace inesperado. La. prisión incondicional de Sotos se justifica, según el auto, por la trascendencia de los hechos y las penas que pudieran corresponderles.
El defensor anuncia recursos
El defensor de Carlos Sotos, Miguel Bajo, se mostró sorprendido a su salida de la Audiencia. "El auto", dijo, "está hecho con mucha precipitación, y sin explicar la motivación, lo que es poco común". El abogado aseguró que Moreiras ampliará el auto para extender y razonar la resolución. Bajo anunció que, "naturalmente", recurriría la decisión, primero ante el propio Moreiras y luego, en apelación, ante la Audiencia.
El recurso, según fuentes del despacho de Bajo, criticará la escasa motivación del auto de prisión, y se fundamentará en el hecho de que Sotos ha presentado una documentación exhaustiva, que aún no ha dado tiempo a analizar en detalle.
Las diligencias previas sobre PSV son el resultado de las querellas presentadas contra la anterior dirección de la promotora por varias asociaciones de cooperativistas. Los querellantes imputan a Sotos apropiación indebida y estafa. La ronda de declaraciones proseguirá la semana próxima con las comparecencias del antiguo secretario de finanzas de UGT, Paulino Barrabés, el actual titular Sebastián Reyna y el ex secretario general del sindicato, Nicolás Redondo.
Uno de los abogados querellantes, Francisco Méndez Goas, se mostró ayer satisfecho por la decisión del juez. "Desde el primer día que interpuse la querella", aseguró el letrado a Servimedia, "he pedido la prisión para Sotos". Fue el propio Méndez Goas quien, la semana pasada, reveló que varios miles de millones de pesetas aportados por cooperativistas en 1991 no habían sido ingresados en la cuenta de Caja Madrid designada para ello. Esa información fue luego desmentida por Sotos y su defensa.
La ejecutiva de UGT manifestó ayer tarde, al término de una reunión de urgencia para analizar la situación, que no le constaba que "de la gestión de PSV se deduzca ninguna actuación delictiva", y expresó su confianza en que la situación no perjudique el proceso para el desbloqueo de todas' las promociones de la cooperativa. También la dirección de IGS y PSV expresó su esperanza de que el auto de prisión no obstaculice el proceso de separación de promociones, que se ha iniciado este mes. "Con independencia de que lo prioritario en estos momentos es alcanzar una solución a cada promoción, prestaremos toda nuestra colaboración para aclarar los extremos del procedimiento judicial", señala el comunicado de la gestora.
El secretario general de la federación del metal de UGT, Manuel Fernández 'Lito', dijo desear "que no ocurrieran estas cosas", y admitió que UGT "tiene su nivel de responsabilidad, pero no de negligencia". Tomás Arrieta, interventor representante de los cooperativistas, manifestó su satisfacción "por todos los cooperativistas que creían en la justicia", y calificó el auto de prisión de "victoria para la dignidad". El presidente de la Asociación de cooperativistas de Madrid-Sur, Adolfo Alvarado, se expresó en parecidos términos y dijo: "Nosotros siempre hemos confiado en la Justicia".
El portavoz de la coordinadora de afectados de la urbanización de El Espinillo, Fernando Santamaría, dijo que "deberían caer más cabezas, incluida la de Redondo". Santamaría expresó su confianza en que la decisión de Moreiras "facilite las cosas" para que la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento "se tomen más interés en solucionar este problema". El ex responsable de la misma coordinadora, Santiago Portela, se mostró cauto: "No hay que olvidar que es posible que Moreiras haya dictado auto de prisión para la protección de Sotos, ya que últimamente se mostraba muy nervioso y había pedido protección policial".
Respecto a las posibles responsabilidades de Nicolás Redondo, Portela aseguró que le costaba pensar que pudiera acabar en la cárcel, y que existen otras personas mucho más implicadas que el ex secretario general en este asunto, "tales como Sebastián Reyna y Paulino Barrabés".
El abogado de Sotos, Miguel Bajo, dijo que su cliente recibió la orden de ingreso en prisión "con resignación", y que la única procupación de Sotos era su imagen ante los cooperativistas, ya que él se considera inocente. El diputado de Izquierda Unida Antonio Romero vaticinó que Carlos Sotos "no será la última persona a la que se encarcela por la corrupción".
Romero aseguró que disponía de informaciones según las cuales, en una reunión celebrada "al más alto nivel en el Gobierno", se habría acordado proceder al encarcelamiento de varias personas relacionadas con casos de corrupción.
Propuesta de solución
El presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, y el ministro de Obras Públicas, José Borrell, trataron ayer del asunto PSV en una conferencia de prensa conjunta. Leguina dijo que "hay que acabar como sea" las 2.000 viviendas de PSV en fase de construcción. Borrell eludió pronunciarse sobre la propuesta, avanzada el martes por Leguina, de que Obras Públicas adelante 5.000 millones de pesetas para arrancar las obras de las promociones más atrasadas. "Parece más prudente que el presidente de la Comunidad de Madrid me exponga sus puntos de vista de primera mano", comentó Borrell.
Representantes regionales del Partido Popular pidieron ayer a la Comunidad de Madrid que se "personara" como tal Administración en las diligencias del caso.
Miles de engañados
El anuncio en 1989 de la primera campana de la Promotora Social de Viviendas (PSV) -para la construcción de 700 pisos- suscitó el entusiasmo de 2.000 solicitantes, el apetito de diez constructoras y la bendición general. Era la presentación en sociedad de PSV, la punta de lanza de UGT como sindicato de servicios.La idea fue lanzada por Carlos Sotos, quien en 1979 había sido concejal por el PCE en Madrid. En 1988 concibió el proyecto de combinar su empresa inmobiliaria con el prestigio -y el gancho- social de UGT, y persuadió a Paulino Barrabés para crear IGS, gestora de la cooperativa de viviendas. Sotos controlaría el 53% de las acciones de IGS, y UGT el 47% restante. Unos años después, PSV atesoraba 38.000 millones de pesetas aportados por más de 20.000 cooperativistas para la construcción de viviendas. A principios de 1992 sólo un centenar de ellas estaban terminadas, pero Sotos atribuía el retraso a la lentitud de la concesión de licencias y a la falta de apoyo de los bancos. "Si las licencias se retrasan demasiado", aseguró Sotos, "tendré que sacar la gente a la calle".
La gente, ciertamente, acabó saliendo a la calle, y Sotos no estaba a su cabeza, sino en su punto de mira. Sotos no pudo obtener financiación -necesitaba 8,0.000 millones de pesetas para terminar las viviendas. "Nunca pensé que íbamos a tener problemas con la financiación", dijo Sotos, "fue un error de cálculo". Ante las protestas de miles de cooperativistas, UGT acabó asumiendo en 1993 el control de todas las acciones de IGS, y Sotos dimitió.
El sindicato solicitó la suspensión de pagos de PSV y de IGS en diciembre pasado. El pasivo ascendía a 200.000 millones. La concesión, en el último minuto, de un crédito oficial evitó la quiebra. Pero las casas siguen- sin construirse y el agujero es mayor de lo previsto.
