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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Vacío industrial

DURANTE VARIOS días, este periódico ha encabezado algunas de sus páginas de economía con el título genérico de la crisis industrial. No se trata de ninguna licencia periodística. Designa cabalmente lo que está sucediendo en este sector de la economía, así como la conmoción social que acompaña a dicha crisis. Sus nombres se entrelazan sin que se vislumbre el fin: Santana, Santa Bárbara, Seat, Nissan, Ebro Kubota, Duro Felguera, Gillette, Rank Xerox, la división médica de General Electric (GEMS)... Todas estas empresas, por una razón o por otra, han traído a la actualidad una crisis que no es nueva pero que vuelve a poner en tela de juicio la política industrial desarrollada en este país.El ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, ha subrayado reiteradamente que no puede obligar a una empresa a que se quede cuando decide dejar sus instalaciones e irse del país. De acuerdo: las empresas en una economía de mercado son soberanas en sus decisiones. Pero esto no quiere decir que su departamento no pueda hacer otra cosa que lavarse las manos. Muchos Gobiernos autónomos -Pujol en Cataluña con Seat y Chaves en Andalucía con Gillette y Suzuki-Santana- intentan parar el desmantelamiento industrial. También han sido numerosas las comunidades autónomas que han alcanzado pactos industriales.

Lo que ha quedado en evidencia una vez más es la escasa eficiencia de la política industrial que han hecho los socialistas casi desde el principio de su mandato. En otros países, los Gobiernos analizan, con el apoyo de los sectores empresariales, las características de su tejido industrial, y en función de ello ponen en marcha todo un aparato de apoyo a la industria, con vistas sobre todo al desarrollo tecnológico, a la formación y a su expansión exterior. En España, la crisis actual pone de manifiesto una vez más que su tejido industrial depende en exceso de las multinacionales y que sus empresas carecen de una tecnología propia que les permita, salvó muy contadas excepciones, mantener cierta independencia.

Una lección de esta crisis es que una política industrial basada exclusivamente en la captación de multinacionales resulta insuficiente. A estas alturas parece demostrado que muchas de ellas tenían como objetivo principal -y a veces casi único- conseguir mercados en España y en la Unión Europea. Perfectamente coherente, aunque también podría plantearse que en el caso de algunas multinacionales a las que se ha proporcionado ayudas o subvenciones públicas se les pueda exigir un peaje compensatorio de salida. No se puede jugar con el dinero público. Como también es lógico que se les ponga mala cara e incluso que alguna autoridad -en un gesto más simbólico que real- aconseje a los ciudadanos españoles que no consuman los productos elaborados por esas empresas. Algo así es lo que hizo Francia -país que sí tiene una política industrial activa- cuando la empresa Hoover decidió dejar Dijon por Escocia. Pero poco más; las leyes del mercado funcionan para lo bueno -la instalación de industrias de otros países cuando hay condiciones positivas- y para lo malo: su abandono cuando el entorno es pernicioso para sus intereses.

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En España acaban de pasar dos casos semejantes al de Hoover con Gillette y GEMS. Las dos multinacionales tienen beneficios y han decidido irse de España manteniendo su red comercial. La primera, entidad estadounidense, decidió cerrar la fábrica española de Sevilla para montar plantas en el Este europeo, más rentables por sus menores costes laborales. La segunda, también de EE UU, ha decidido integrar la fabricación de elementos medios en una planta de Francia.

Ante este fenómeno migratorio sólo el secretario general de Empleo, Marcos Peña, ha reaccionado con alguna propuesta concreta, más testimonial que real: el boicoteo de los productos de estas empresas por los consumidores. No es ésa la respuesta. El Gobierno debe contribuir con programas de formación, telecomunicaciones y energía a precios competitivos, y, quizá, con algunas medidas activas en sectores muy concretos, incluso en un marco de coordinación europea (políticas salariales cada vez más aproximadas y compromisos comunes de estabilidad en las inversiones ...). Y también con un marco laboral adecuado, un ambiente político estimulante y una coyuntura a la que se vea el final del túnel.

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