Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ex empleados de una mina de uranio de Andújar piden tratamiento médico a cargo del Estado

64 trabajadores o familiares han muerto de cáncer, silicosis o congestión pulmonar

Trabajadores de la antigua Fábrica de Uranio de Andújar (Jaén) presentaron ayer en el Parlamento andaluz un informe de su situación médica para que se reconozcan sus dolencias como enfermedades profesionales y se les trate. Sesenta y cuatro empleados o famíliares han muerto, la mayoría de ellos de cáncer, silicosis, o congestión pulmonar. También reclaman que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) les entregue sus historiales clínicos y que la Junta de Andalucía asuma su tratamiento sanitario. La mina se cerró en 1981.

La presencia de los trabajadores de la fábrica de uranio en el Parlamento andaluz es la última de una serie de movilizaciones iniciadas en 1990, cuando se dieron a conocer los primeros informes que reflejaban un alto índice de muertes prematuras de trabajadores y la presencia de deficiencias físicas y psíquicas en sus hijos.En los 42 diagnósticos incluidos en el informe presentado ayer en la Cámara destaca la presencia generalizada de afecciones del sistema respiratorio, huesos y visión, tras una media de 15 años de trabajo en la explotación. Fibrosis pulmonares, silicosis y bronquitis son las enfermedades más generalizadas. El cuadro médico de uno de los trabajadores es el siguiente: "Astenia izquierda. Estertores en bases. Insuficiencia cardíaca. Fallecimiento por linfosarcoma". Este empleado murió con 36 años después de haber trabajado 10 en la empresa.

Los ex-empleados han realizado declaraciones incluidas en el expediente en las que aseguran que nunca se les informó del riesgo de sus puestos de trabajo, de las precauciones que debían adoptar, de los efectos de las radiaciones o de las acciones necesarias en caso de accidente. "Durante años", afirma un empleado en su declaración, las ropas de los trabajadores, impregnadas de la suciedad y residuos propios del trabajo eran llevados para su limpieza a los propios hogares con el consiguiente peligro para las familias".

Uranio en el río

La actividad en las instalaciones, que en 1984 fueron enterradas, estuvo marcada por incidentes diarios, según los trabajadores. "Había escapes de líquidos y yo tenía que levantar las mangueras de los tanques, porque me daba pena ver que hasta uranio puro iba al río". Desmayos por inhalaciones, manipulación de materiales radiactivos sin protección, derrames, concentraciones son sólo alguna de las deficiencias denunciadas.

No sólo los empleados se han visto afectados. Familias enteras aseguran padecer los efectos de la radiación. Esta es la declaración de uno de los empleados: "A.B.P. vivió, junto con su familia, dentro de la fábrica de uranio. Está dado de baja con invalidez permanente absoluta y tiene una hija con problemas de huesos y columna. Su mujer tiene problemas de eccemas, corazón y artrosis. Enresa le comunicó, hace poco, que tenía, que dejar su casa por el "ambiente radiactivo que tenía alrededor, que era peligroso para su salud".

Miguel Yuste, miembro del Ciemat y delegado de la Confederación General del Trabajo, sindicato que ha llevado la iniciativa en las demandas de los trabajadores, asegura que el único motivo para que el Estado no reconozca que padecen enfermedades laborales y entregar los informes médicos completos es, según dijo, "el miedo a reconocer el riesgo de la radiación".

En 1981 la Fábrica paraliza su actividad industrial y comienzan las negociaciones para clausurarlas. Finalmente, en 1984 se procede a enterrar el complejo. El conjunto industrial de la Fábrica de Uranio, destinado a la obtencion de concentrados de este mineral radiactivo, se creó en 17 hectáreas de Andújar, junto al río Guadalquivir, en 1959. Desde entonces, el Ciemat ha realizado exámenes médicos periódicos a sus trabajadores. Desde hace cuatro años ha habido acciones de los trabajadores para conocer el alcance real de la contaminación. Ya en 1991 se llevó un informe al Parlamento andaluz, y en 1992 trabajadores y viudas de empleados forma una asociación para demandar indemnizaciones y consiguen que el pasado verano se presente un estudio en la Cámara europea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de marzo de 1994