Los perjuicios causados a la industria audiovisual por la piratería del vídeo en España durante 1993 ascendieron a 7.000 millones de pesetas, según estimaciones realizadas por la Federación Antipiratería (FAP), organismo que agrupa a las principales empresas de distribución y producción.Las mayores pérdidas proceden de la piratería del vídeo comunitario -4.500 millones de pesetas- Otros 2.000 millones se deben a la piratería entre los videoclubes, y el resto -500 millones- a la exhibición no autorizada de películas en medios de transporte, sobre todo autobuses.

Las fuerzas de seguridad registraron 496 establecimientos y ocuparon 13.974 videocasetes, casi la mitad de ellas en Andalucía. La lucha antipiratería se refleja en el descenso gradual del número de intervenciones.