A puerta cerrada

Las salidas posibles a la crisis asturiana no se vislumbran. No hace muchos días que el presidente asturiano, Antonio Trevin, reiteraba en un acto público la necesidad de afrontar con "imaginación" los retos que tiene planteados la región.Del sector público empresarial no parece que quepa esperar la solución. La expectativa, por el contrario, es que siga disminuyendo progresivamente la preponderante implantación que tiene en Asturias, la región en la que el Instituto Nacional de Industria (INI) y sus empresas concentran el 26% de todos sus recursos humanos. Los grupos políticos y sindicales, y el resto de fuerzas sociales asturianas (inclusive la patronal), exigen la contribución del INI, como primer empresario de la región, a la modernización de la estructura productiva de esta comunidad autónoma. Sin embargo, se ha producido un cambio sustancial en el matiz con que se plantea esa exigencia. En el último informe elaborado por la Comisión de Representantes del Principado en la Empresa Pública (CRLP), PSOE, PP, IU y CDS aceptan por vez primera que la empresa pública actúe en Asturias con criterio empresarial y no sólo con una visión social y territorial, pero sin que ésta se abandone.

La sustitución de un sector público en acelerado proceso de reducción hizo abrigar esperanzas en la captación de grandes inversiones multinacionales que permitieran un revulsivo en la inversión y en la creación de empleo y que hicieran posible no sólo reemplazar el liderazgo empresarial estatal, sino, al tiempo, modernizar y diversificar el modelo productivo de Asturias, caracterizado por su especialización en sectores básicos, y además de escaso futuro.

El descubrimiento, el pasado mes de mayo, de que la anunciada inversión de 300.000 millones de pesetas por un supuesto grupo árabe para acometer un proyecto petroquímico no era sino un burdo intento de fraude, convulsionó no sólo al Gobierno asturiano, que había hecho público aquel falso compromiso, y que presentó por ello su dimisión, sino que conmovió también la conciencia regional.

La experiencia fue traumática, y, aunque nadie hace ascos a cualquier nuevo proyecto industrial multinacional, como el que ha representado Du Pont de Nemours con su polígono químico en Labaza, la región parece aceptar que el futuro no puede estar cifrado en la expectativa de que alguien llegue o no desde la lejanía a traer el maná.

El nuevo presidente de Asturias, el socialista Antonio Trevin, ha liderado este nuevo discurso, y desde su toma de posesión, el pasado verano, viene reiterando un llamamiento a la iniciativa individual y a la capacidad promotora de las pequeñas y medianas empresas regionales. Para ellas se prepara aceleradamente un plan de apoyo del Ejecutivo asturiano en colaboración con el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Industrial (IMPI).

Sin embargo, tampoco aquí caben grandes posibilidades. La realidad hoy, al cabo de cien años de industrialización, es la de un sector privado débil e insuficiente. Según un estudio de la consultora Dun & Bradstreet, el Principado daba acogida en 1992 a sólo 524 de las 30.000 empresas de cierta significación existentes entonces en España, lo que supone una tasa de tan sólo el 1,75% del total nacional. Y, lo que es más significativo, una proporción llamativamente inferior al peso económico relativo de Asturias en ese mismo año respecto al conjunto del país en los principales parámetros macroeconómicos.

Según la Fundación FIES, la participación relativa de Asturias en la población española era en 1992 del 2,8%, del 2,44% en el producto interior bruto (PIB) del país, del 2,52% en la formación de renta regional y del 2,67% en la renta familiar disponible.