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Los procesos de los 800 detenidos por la 'patada en la puerta' serán anulados

La sentencia del Constitucional sobre la ley Corcuera tiene efectos retroactivos sobre las causas ya juzgadas y obligará a los fiscales a pedir el sobreseimiento de las pendientes. Esto afectará a unas 800 personas, según estimaciones policiales, que fueron detenidas tras los registros, domiciliarios practicados durante los 20 meses de vigencia de la ley Corcuera. Desde marzo de 1992 hasta el pasado 30 de octubre, la policía practicó en Madrid 104 registros, con el resultado de 323 detenciones. "A partir de octubre de 1992, la aplicación de la ley Corcuera cayó en picado" reconocen fuentes policiales.

La anulación del artículo 21.2 de la ley producirá efectos desde el día mismo en que la sentencia del Constitucional sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. Del artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se deduce que esta sentencia obligará a revisar los procesos penales en los que, como consecuencia de la derogación de tal precepto, "resulte una reducción de la pena o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad".El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, declaró que la sentencia del Constitucional tendrá efectos retroactivos sobre las condenas ya dictadas por los tribunales en aplicación de la norma anulada. Según Sala, los jueces deberán decidir si existen pruebas suficientes para apoyar la condena, al margen de lo obtenido en amplicación de la ley Corcuera.

Por su parte, Cándido Conde-Pumpido Tourón, portavoz de Jueces para la Democracia, aseguró que todas las intervenciones realizadas al amparo del precepto inconstitucional son nulas. "Si hay alguna sentencia condenatoria tendrá que ser revisada", dijo. Otras fuentes jurídicas explicaron que, a partir de la publicación del fallo del Constitucional en el BOE, los fiscales deberán solicitar de oficio el sobreseimiento de los procesos penales amparados solamente en la ley Corcuera.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez-Rubalcaba, seña16 ayer que el Gobierno "irá haciendo algunas consideraciones a La Asociación Pro Derechos Humanos considera que la Administración debe indemnizar a las personas afectadas por la ley Corcuera y, sobre todo, a aquéllas cuyo domicilio se registró y no se halló droga.Sin mandamiento judicialTras la entrada en vigor de la ley en marzo del año pasado, la policía y la Guardia Civil actuaron inicialmente con cautela a la hora de dar la patada en la puerta sin tener mandamiento judicial. Pero, pasados lo s primeros momentos de duda, los agentes iniciaron una puesta en práctica mucho más frecuente. Así, cuatro meses después se contabilizaron en España 124 registros con un saldo de 410 detenciones.El titular de Interior aseguró el pasado mes de marzo que en el primer año de vigencia de su ley habían sido registradas 198 viviendas, encontrando droga en el 94% de los casos. Y añadió que la policía había logrado más éxitos de esta forma que entrando en las viviendas tras exhibir mandamiento judicial.Madrid ha sido la ciudad donde más se ha puesto en práctica la ley Corcuera, seguida de Valencia y Sevilla, mientras que la policía de otra gran capital, como Barcelona, ha sido más cauta a la hora de usar esta herramienta contra el narcotráfico.La policía de Madrid ha realizado durante los 20 meses pasados 104 registros, de los que 100 resultaron exitosos y los cuatro restantes fracasados, debido a que no se halló droga. El último asalto al amparo de la polémica ley fue Protagonizado por agentes de la comisaría de Usera en el poblado chabolista de La Celsa. Estas operaciones se saldaron con 323 detenciones.

La policía y la Guardia Civil, ante la inseguridad jurídica de sus agentes, dieron un frenazo a la aplicación de la ley Corcuera a partir de octubre de 1992. Con el paso de los meses arreciaron las críticas contra la patada en la puerta y nacieron las primeras sentencias que cuestionaban su legalidad. Eso llevó, por ejemplo, a que entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre pasado no se realizara ni un solo registro domiciliario en Madrid.

Las fuerzas de seguridad del Estado han tenido buen cuidado en no llevar al pie de la letra lo de la patada en la puerta. Este sistema lo han empleado en muy contadas ocasiones. La mayoría de las veces, los agentes irrumpieron en los domicilios sospechosos aprovechando la salida de sus inquilinos.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, reveló ayer que nada más aprobarse la ley hubo instrucciones para que los funcionarios no hicieran uso de ella "sin consultar previamente con sus comisarios-jefes".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de noviembre de 1993

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