Un 94% de catalanes entiende el catalán; un 6%, no. Dos tercios se ven en condiciones de hablarlo; un tercio, no. Un tercio se ve en condiciones de escribirlo; dos tercios, no. En los últimos 10 años, los porcentajes eran mucho menos favorables al catalán: se ha producido una progresión indiscutible. En este curso, la práctica educativa de las escuelas públicas catalanas no se ajustaba a la ley en lo que respecta a la inmersión lingüística generalizada de los niños menores de ocho años. Legitimar esa práctica, corregir la asimetría entre ley y realidad es uno de los objetivos principales de la nueva ley lingüística catalana. Esa ley prevé atención personalizada para los escolares que tengan dificultades con el catalán. Pero muchas escuelas no están en condiciones técnicas de satisfacer ese derecho individual. En efecto, puede catalogarse de "práctica colonial" que el ciudadano se dirija a la Administración en catalán y reciba respuesta en castellano. Pero la realidad es que la mayoría de ciudadanos entablan diálogo con su administración a partir del castellano. Es el uso social de la lengua administrativa el que vacila, la pregunta antes que la respuesta. La Generalitat quiere intervenir en el dominio privado del audiovisual, obligando a cuotas de emisión "catalanas". Sobre la prensa escrita, ni una línea. La sociedad catalana no ha sido capaz de crear un diario en catalán sólido y competitivo: para un país que se escolariza en esa lengua desde los tres años, parece un poco asimétrico. Todas las iniciativas favorables a la extensión y el uso del catalán parten de la Administración. La burguesía catalana ha ido a remolque, después de 16 años de autogobierno. La extensión y salud de una lengua es el reflejo del poder político de la comunidad que la usa. Asimetría final, interrogativa: ¿los nuevos propósitos normalizadores del Gobierno catalán rebasan su poder político, se ajustan a las demandas sociales?