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lunes, 1 de noviembre de 1993
Editorial:

Mercado de trabajo

EL JUEVES se reanudan las negociaciones del pacto social. Los sindicatos han condicionado cualquier acuerdo sobre política de rentas (moderación salarial, reinversión de beneficios) a un acuerdo previo sobre las reformas del mercado de trabajo. Pero ese mismo día se vota en el Consejo Económico y Social (CES) el proyecto de dictamen sobre dicha reforma elaborado por los expertos que forman parte del consejo, y los representantes de los sindicatos han expresado ya su desacuerdo con tal proyecto (al igual que los de los empresarios). Aunque los dictámenes del CES no son vinculantes para el Gobierno, el pacto social depende ahora mismo de que en su seno se produzca un acercamiento suficiente en torno a las enmiendas presentadas por la patronal y las centrales.Estas últimas aceptaron en su día el principio de moderación salarial a cambio de más empleo, admitiendo convenios trianuales con incrementos fijados sobre la base del índice de precios al consumo (IPC) previsto. Es verdad que dijeron que a ese porcentaje habría que añadir los resultantes del aumento de la productividad en cada empresa (aumentos que en muchas de ellas han sido resultado de la reducción de plantillas), pero la oferta ofrece base suficiente para una negociación. Sería lamentable que la discrepancia sobre la reforma del mercado laboral impidiera el acuerdo, porque, si fuera cierto que la crisis ha tocado fondo en el ámbito internacional, una política plurianual de moderación salarial sería la condición para que España se beneficiase de las oportunidades relacionadas con la reactivación. Es decir, para que aumentase el empleo.

Pero el hecho mismo de que los salarios hayan seguido subiendo por encima de la inflación en plena crisis es el argumento de quienes sostienen que sin esas reformas no será posible la moderación salarial: la dualización del mercado laboral entre empleados fijos y temporales hace que estos últimos -cuyo despido es más barato- pierdan su trabajo cada vez que los aumentos salariales de los trabajadores con contrato indefinido fuerzan a la empresa a elegir entre el ajuste de plantilla o la repercusión en precios. Como esto último no es posible en situaciones de crisis, especialmente en los sectores más expuestos a la competencia exterior -y de ahí también la diferencia entre la inflación en los servicios y en la industria-, el resultado es la destrucción acelerada de los empleos creados en la fase expansiva. Por tanto, según esa teoría, lo prioritario es introducir flexibilidad en el mercado laboral, y la moderación salarial vendrá por añadidura. Además, esa flexibilidad es la principal exigencia de potenciales inversores extranjeros, los cuales ya están tomando posiciones.

Sin embargo, en lo inmediato, y en tanto la reactivación no sea un hecho, un abaratamiento de los despidos puede ser una invitación a que el ajuste se haga siempre por la vía de la reducción de plantillas (renunciando a otras posibilidades de aumento de la productividad). Parece haber una cierta contradicción entre los efectos a largo plazo (los empresarios invertirán y contratarán más en un mercado más flexible) y los efectos a corto plazo (se agravaría el desempleo y, por tanto, el déficit público y los males a él asociados).

La verdad es que no existen recetas infalibles, y la prueba son las iniciativas, en parte contradictorias, ensayadas ahora mismo en los diferentes países. Lo que puede considerarse seguro es que políticas que aumenten el déficit público conspiran contra el empleo; que incrementos salariales y creación de empleo son términos contrapuestos; que el mercado laboral español es menos flexible que los de nuestros principales competidores, y que ello acaba repercutiendo en la competitividad. Pero también que no es razonable esperar que los sindicatos vayan a avalar medidas que faciliten el despido y que, no obstante, un pacto de rentas es ahora necesario para poder crear empleo mañana; y que la creación de un clima de paz social y eliminación de incertidumbres es un valor económico tan importante o más para estimular el empleo que la flexibilidad del mercado laboral.

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