El Gobierno acepta propuestas fiscales de CiU

El Gobierno ha transmitido a Convergéncia i Unió (CiU) su disposición a rebajar los impuestos de sucesiones y de sociedades, y a regular la vacación fiscal, ya aplicada en el País Vasco, para las pequeñas y medianas empresas de nueva creación. Tras la larga reunión, de unas cinco horas de duración, mantenida en la noche del martes por la comisión mixta PSOE-GU, tanto los socialistas como los nacionalistas catalanes consideraban ayer muy probable el logro de un acuerdo que abriría paso a la aprobación de los presupuestos de 1994.

Los portavoces de ambas partes en la comisión mixta, el socialista Carlos Solchaga y el nacionalista Miquel Roca, coincidieron ayer en sus valoraciones optimistas sobre la reunión y las expectativas de acuerdo.Roca manifestó que en España "existe un problema fiscal grave porque ha bajado la recaudación". "Esto", agregó, "da unos márgenes estrechos de movimiento, pero en cambio hay una aceptación positiva por parte de los socialistas de nuestras tesis. Tenemos que tocar la política fiscal, porque sólo por la vía de los estímulos fiscales y de aflojar una presión excesiva que castiga la inversión y penaliza la creación de puestos de trabajo podemos realmente hacer una recuperación económica".

Según otro representante convergente, la reunión dejó "básicamente cerrado" el capítulo presupuestario del gasto público. El Gobierno se comprometió a remitir a CiU antes de la próxima reunión, prevista para el miércoles, una respuesta detallada a los planteamientos catalanes sobre política fiscal. Además de las reformas fiscales sobre las que hay principio de acuerdo, CiU había propuesto otra regularización fiscal y sendas reformas del IVA y del IAE, entre otras.

Solchaga dijo tras la reunión que es "altamente probable" lograr acuerdos en materia presupuestaria, "en cuyas grandes líneas hay muchos puntos de aproximación". Los socialistas aceptaron estudiar una rebaja del Impuesto de Sucesiones cuando afecte a actividades que, van a ser mantenidas por la familia del fallecido. Asimismo, admitieron un tratamiento menos gravoso para los beneficios no distribuidos por las empresas, a la hora de liquidar el Impuesto de Sociedades."Vacación fiscal"

En línea con una iniciativa tomada ya por el Gobierno vasco, los socialistas se mostraron dispuestos a concretar las condiciones en que las pequeñas y medianas empresas de nueva creación podrían dejar de pagar ciertas contribuciones, por un periodo de tiempo limitado. Esa vacación fiscal afectaría, por ejemplo, a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

El Gobierno confirmó a CiU su "inclinación", aunque todavía no haya tomado una decisión, a reformar el sistema de revalorización de las pensiones, en el sentido de calcular la subida anual según la inflación prevista en lugar de la pasada.

Los representantes del Gobierno y del PSOE confirmaron a los nacionalistas catalanes el propósito de llevar adelante medidas que han planteado a empresarios y sindicatos en la negociación del pacto social. En concreto, la sustitución de la subvención por puesto de trabajo creado por una desgravación fiscal, y un "ajuste" para que no se acumule la indemnización por despido y el subsidio de desempleo.

Roca y Solchaga aseguraron que la comisión PSOE-CiU no abordó asuntos distintos a los presupuestarios. Roca apuntó, sin embargo, que las reivindicaciones de CiU en materia autonómica inspirarán la actuación de su grupo en el Congreso, "y es bueno que el Grupo Socialista lo sepa". Roca reiteraba con estas últimas palabras la postura adoptada en sus últimas reuniones por el comité ejecutivo de Convergéncia Democrática (CDC) y por la comisión de enlace de la coalición CiU sobre la política de pactos con el Gobierno. Para CiU, los acuerdos sobre el 15% del IRPF y las medidas económicas y fiscales sólo garantizará al Gobierno el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos.

De ahí en adelante, cualquier nuevo apoyo parlamentario de CiU deberá ir condicionado a la aceptación de una batería de demandas autonómicas: reducción de la Administración periférica del Estado, plenas competencias policiales, traspaso de competencias pendientes o financiación del déficit de la sanidad.

La cesión del IRPF

Según uno de los nacionalistas de la comisión PSOE-CiU, el Gobierno es consciente del "alto precio político" de su apoyo a unos presupuestos "con medidas muy impopulares", así como de que CiU no asumirá ese coste si no es a cambio de "un salto cualitativo y cuantitativo" en la financiación autonómica (negociación sobre el 15% del IRPF) y de un acuerdo sobre medidas para enfrentar la crisis.

El balance optimista de la reunión de la comisión mixta PSOE-CiU relegó ayer a segundo plano la reunión mantenida horas antes entre el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el consejero de Finanzas de la Generalitat, Macià Alavedra, para tratar de la cesión del IRPF.

Ningún alto cargo de la Generalitat quiso evaluar oficialmente los resultados de la reunión. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestó en Seva (Barcelona) que su postura es bien clara: ingreso inmediato y automático del tramo cedido del IRPF, para mejorar la liquidez de la tesorería autonómica y limitar el pago de intereses por préstamos; capacidad normativa en el tramo cedido para poder subir y bajar la tarifa, y que se premie la eficacia recaudatoria de las comunidades. "El Gobierno central tiene que atender las peticiones de gente razonable como nostros, y espero que así lo haga", agregó Pujol.