Racionalizar los recursos
EN TIEMPOS de profunda crisis económica, todo intento de racionalización del gasto público, sin que ello conlleve la indefensión de derechos adquiridos, debe ser apoyado sin discusión, y de haberla, deberán exponerse los argumentos sin subterfugios ni engaños. El Decreto de Financiación Selectiva de Medicamentos, que acaba de entrar en vigor, busca la contención de un concepto que ya supone cerca del 20% del gasto sanitario total y que se cuantifica en torno al medio billón de pesetas anuales. El decreto supone que la Seguridad Social deja de subvencionar 740 esecialidades farmacéuticas destinadas a síndromes banales y con un precio medio de 400 pesetas.La lista de los medicamentos que se excluyen se integra por complejos vitamínicos, antigripales, antidiarreicos, productos de higiene, antihistamínicos y digestivos. La Seguridad Social calcula en 23.000 millones de pesetas la cantidad que se puede ahorrar al gasto sanitario; sin embargo, las autoridades señalan que es más importante su efecto educativo, que incidirá directamente en la contención del crecimiento. Si la Cifra de incremento del gasto prevista para el próximo año era de un 16%, con la aplicación del decreto se espera se detenga en un 7%. También, por primera vez, se separa el registro de medicamentos de su inclusión automática en la Financiación pública.
En toda esta historia de intento de racionalizar el gasto se ha llegado a situaciones que bordean lo esperpéntico. Difícilmente se puede calificar de otra manera la decisión del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid de pedir, la víspera de la entrada en vigor, apoyo a la Policía Municipal, al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno por si se registrara algún percance de orden público ante los establecimientos del ramo. Resulta difícil concebir disturbios por tener que pagar, por ejemplo, champús anticaspa. Quizá el presidente de los farmacéuticos madrileños debería dar una explicación suficiente de su desconfianza sobre el comportamiento cívico de los habitantes de la Comunidad en el previsible supuesto de que su petición no esté justificada en la práctica.
Sin embargo, lo más sorprendente de las críticas al decreto es que no provienen mayoritariamente ni de las asociaciones de pensionistas, ni de los enfermos crónicos, ni de los sindicatos. Ciertamente, los colectivos de médicos y farmacéuticos criticaron en su momento la falta de diálogo y contraste suficiente para tratar de aunar criterios, pero las diatribas más feroces contra la medida surgen desde la caverna, un ámbito en el que las contradicciones ideológicas se entremezclan con la demagogia. Partidarios del liberalismo económico a ultranza no desprecian en absoluto, más bien lo exigen, el paraguas estatal que hasta ahora cubría automáticamente cualquier iniciativa de los laboratorios farmacéuticos. Llamadas iracundas contra el despilfarro, pero oposición a los intentos de racionalizar el gasto. Un disparate sólo explicable por los enormes intereses económicos que mueve.
