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Dos militantes del PP, condenados por cohecho por intento de soborno en Calviá

Los militantes del Partido Popular en Baleares Miguel Deyà y Andrés Bordoy han sido condenados a sendas penas de cuatro meses de arresto mayor y multa de 100 millones de pesetas, al ser considerados por la Audiencia Provincia¡ de Palma de Mallorca autores de un delito de cohecho por intentar sobornar con 100 millones de pesetas a un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Calvià (Mallorca) en enero de 1992. Deyá y Bordoy pretendían favorecer una moción de censura contra la alcaldesa, la socialista Margarita Nájera, y la elección dé un alcalde del PP. Bordoy, vicepresidente del partido en Calvià, dimitió ayer tras conocer el fallo judicial.

La sentencia impone una pena de seis meses e idéntica multa que a sus colaboradores al tercer implicado, el empresario Guillermo Ginard -con anteriores condenas por estafa y narcotráfico- El tribunal, presidido por el magistrado Guillermo Vidal, absuelve a los condenados de las acusaciones de sedición y tráfico de influencias. Los jueces consideran que Deyà fue el autor del delito, Bordoy el valedor y Ginard el intermediario.En el intento de compra del voto del concejal socialista José Miguel Campos, que ejerció como denunciante y acusador, se pretendió por parte de los condenados controlar el gobierno del importante municipio turístico de Calvià y favorecer al Partido Popular, gracias a un voto tránsfuga comprado.

El concejal socialista registró con una micrograbadora de bolsillo tres de las cuatro conversaciones mantenidas con los condenados, y las cintas han sido una de las pruebas incriminatorias determinantes y válidas de la causa.

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Los magistrados Guillermo Vidal, Margarita Beltrán y Magdalena Ferraté observan en el caso "estrictos móviles políticos" y "ulteriores negocios particulares". En los hechos probados se cita la moción de censura que el Partido Popular pensaba presentar en el caso de prosperar la adhesión política, mediante pago, del concejal socialista.

Por dos veces se relaciona una supuesta entrevista del consejero del Gobierno balear, Francisco Gilet (PP), con uno de los condenados con el fin de avalar la intervención de los militantes del Partido Popular en este asunto y detalles técnicos de la maniobra. Meses atrás, el Tribunal Superior de Justicia dictó un auto desvinculando del caso al PP, al presidente del Gobierno autónomo, Gabriel Cañellas, y al consejero Gilet.

La sentencia señala que "la opinión pública habrá de juzgarles [a los condenados] con mayor rigor que la ley misma

Miguel Deyà es abogado de la patronal de propietarios y urbanizadores, y responsable de Ordenación del Territorio del Partido Popular de Baleares -suspendido de militancia tras su detención inicial-; Andrés Bordoy es farmacéutico y presentó ayer su dimisión como vicepresidente local del PP en Calvià.

En un comunicado difundido ayer por el PP se afirma que Bordoy ha presentado su dimisión "como medida cautelar", a la espera de que la sentencia sea firme, para no dañar la "imagen y buena fama del Partido Popular".

La sentencia señala que el transfuguismo no encaja en ningún tipo delictivo ni contraviene norma administrativa alguna, pero entiende que "ataca la raíz de los principios democráticos y revela una auténtica burla al derecho fundamental de voto de los ciudadanos".

Indica el auto judicial que comete ultraje el que "guiado por móviles oscuros -económicos o no- aprovecha el resultado del sufragio para defender intereses diferentes a aquéllos por los que fue elegido". La "torpe maniobra propuesta" por los militantes del PP y el comisionista Ginard es encuadrada en un delito de cohecho, porque se considera al concejal tentado como un funcionario público a quien se le proponen actos injustos.

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