IU y CDS critican al Gobierno por permitir la gestión del Grupo Torras a Javier de la Rosa

Izquierda Unida (IU) y el Centro Democrático y Social (CDS), que solicitaron ayer la apertura de una comisión de estudio sobre el Grupo Torras, pidieron públicamente explicaciones al Gobierno sobre porqué puso en manos de Javier de la Rosa la gestión de este entramado industrial y financiero. Por otra parte, los bancos acreedores de Prima -una de las sociedades pertenecientes al Grupo Torras- se volverán a reunir hoy en Madrid para responder a la propuesta de moratoria en el pago de la deuda que tiene con ellos, y que ascendía, a 5 de agosto, a más de 45.000 millones.

Ambos partidos políticos, que contarán con el respaldo del Grupo Popular cuando se tramite la propuesta, explicaron que el sentido de su petición estriba en aclarar y buscar soluciones a un conflicto que pone en peligro "unos 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos y amenaza con provocar un efecto dominó sobre otros sectores económicos".En una rueda de prensa posterior a la entrega de solicitud de apertura de la comisión, los diputados José Antonio Souto (CDS) y Manuel García Fonseca (IU) fueron más allá. El núcleo de sus exposiciones fue responsabilizar al Gobierno de la crisis del Grupo Torras, utilizando tres argumentos. En primer lugar, acusaron al Gobierno de conceder alegremente a este grupo unas subvenciones "de entre 7 1.000 y 80.000 millones de pesetas, repartidos entre subvenciones directas, y exenciones fiscales", según recalcó reiteradamente García Fonseca. Fuentes próximas a la antigua dirección de KIO en España sostienen que el montante de esas subvenciones sólo asciende a 4.000 millones de pesetas.

Su segunda gran crítica al Ejecutivo fue la falta de control sobre la evolución del Grupo Torras y, más en concreto, de su sector de fertilizantes -hoy en suspensión de pagos-, "teniendo en cuenta que el Gobierno formaba parte de la comisión de seguimiento creada específicamente para los fertilizantes", señalaron Souto.

Sin embargo, la crítica más severa se refirió a la intervención de varios miembros del Ejecutivo en la designación inicial del equipo gestor del Grupo Torras, encabezado por Javier de la Rosa, y en el que estaban Javier Vega de Seoane, John Gómez Hall, Jorge Núñez y Manuel Guasch -que es el único que permanece al frente de una empresa del grupo, Ebro-Agrícolas- "Una tercera vía de responsabilidad", reseñó el diputado de IU, "radica en que los gestores españoles del Grupo KIO no parece que hayan sido colocados en sus puestos sin el visto bueno del Gobierno, o al menos de sus ministros de Hacienda e Industria", es decir, Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi.

García Fonseca se detuvo en la figura de De la Rosa. 'Lo que es sorprendente", señaló, "es que a un señor que había tenido una gestión nada encomiable a nivel financiero en los cargos importantes que tuvo en la banca se le encargara la responsabilidad de la gestión de un grupo de la envergadura de Torras". A este respecto, el diputado de IU dejó caer la posibilidad de que los a trabajos de la comisión se extendieran a la labor gestora de Javier de la Rosa en el Grupo Torras. Después, Souto se desvinculó de estas opiniones de Fonseca.

Fuentes próximas al financiero catalán comentaron al respecto que "los antiguos gestores del Grupo Torras-KIO están dispuestos a colaborar con cualquier subcomisión que se cree si así lo determinan los representantes democráticos del país para demostrar la transparencia de todas nuestras actuaciones".

La deuda de Prima

Prima Inmobiliaria, otro de los frentes que tiene abierto el Grupo Torras, vivirá hoy otra jornada clave. A primera hora de la mañana se reunirán los primeros ejecutivos de la compañía inmobiliaria recibirán la respuesta de la banca acreedora sobre la moratoria solicitada por Prima sobre la deuda de 45.000 millones de pesetas que mantiene con 60 entidades financieras. No obstante, ayer Prima ya recibió algunas comunicaciones, según fuentes de KIO.

De ellas, tan sólo se pudo confirmar que la Caja de Madrid ha dado su visto bueno a la propuesta de moratoria. Entre los acreedores se encuentran varias cajas de ahorros y los grandes bancos directamente, excepción hecha de Banesto. Sin embargo, una de sus filiales, el Banco de Vitoria tiene créditos por valor de 2.500 millones de pesetas.

Por otra parte, los sindicatos con representación en FESA-Enfersa solicitaron ayer al Ministerio de Trabajo que rechace el expediente de regulación de empleo que afecta a más de mil personas en toda España. Además, UGT y CC OO tienen previsto relanzar la campaña de movilizaciones en contra de la crisis que atraviesa esta compañía.